La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de León contra dos acusados por un presunto delito de tráfico de drogas tras una operación desarrollada en Ponferrada en la que se intervinieron importantes cantidades de estupefacientes y más de 17.000 euros en efectivo.
El procedimiento, instruido por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ponferrada, se dirige contra dos varones mayores de edad, uno de ellos en situación administrativa irregular, a quienes se atribuye la distribución de droga -principalmente hachís y también cocaína- en la ciudad y su entorno.
La investigación, desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional, partió de las sospechas sobre uno de los acusados, al que se atribuía la venta de sustancias a “nivel notorio”. Tras establecer un dispositivo de vigilancia, seguimiento e intervención de comunicaciones autorizado judicialmente, los agentes confirmaron la actividad.
Los hechos se concretan en una operación el 27 de mayo de 2025, cuando los investigadores detectaron un intercambio de droga con un cliente habitual. En ese momento, los agentes interceptaron a los implicados y procedieron a su cacheo, incautando cocaína y resina de cannabis.
Posteriormente, se practicaron registros en domicilios y un trastero utilizados por los acusados, donde se hallaron más de siete kilos de hachís en diferentes formatos, además de pequeñas cantidades de cocaína, material para el envasado y distribución, teléfonos móviles y un cuaderno con anotaciones.
Asimismo, los agentes intervinieron un total de 17.415 euros en efectivo, que la Fiscalía considera procedente de la actividad ilícita. También fue incautado un vehículo utilizado en los desplazamientos.
Según el escrito de acusación, el valor de la droga en el mercado ilícito superaría los 50.000 euros en el caso de la resina de cannabis, a lo que se suma el valor de la cocaína intervenida.
La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de tráfico de drogas, tanto de sustancias que causan grave daño a la salud como de aquellas que no, en su modalidad de notoria importancia.
Por ello, solicita para cada uno de los acusados una pena de 4 años y 5 meses de prisión, además de una multa de 150.758 euros. Para uno de ellos, además, interesa la sustitución de la pena por la expulsión del territorio nacional durante nueve años.
Uno de los acusados permanece en prisión provisional desde finales de mayo de 2025 a la espera de la celebración del juicio.
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