El Ministerio Fiscal ha solicitado la apertura de juicio oral contra dos acusados por un presunto delito de estafa agravada cometido contra una viuda con discapacidad auditiva en Ponferrada. La causa, instruida en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Ponferrada, será remitida a la Audiencia Provincial de León para su enjuiciamiento.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a marzo de 2011, cuando la víctima -viuda desde 2005 y con una discapacidad del 57% derivada de una hipoacusia bilateral que dificulta gravemente la comunicación- firmó una escritura notarial en la que, supuestamente, vendía sus derechos hereditarios de usufructo por un importe de 17.311 euros.
Sin embargo, la acusación sostiene que la mujer firmó el documento creyendo que estaba realizando un intercambio de usufructos, cuando en realidad estaba vendiendo sus derechos hereditarios. Además, el escrito señala que la perjudicada nunca llegó a recibir la cantidad económica reflejada en la escritura.
El Ministerio Fiscal también apunta a la actuación del notario, al considerar que no verificó adecuadamente la capacidad de la víctima ni garantizó que comprendiera el contenido del documento, pese a su discapacidad, al no contar con intérprete de lengua de signos ni reflejar esta circunstancia en la escritura.
La situación no salió a la luz hasta abril de 2017, cuando la mujer recibió una notificación de embargo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria relacionada con la vivienda que ocupaba. Tras conocer los hechos, presentó una querella en junio de ese mismo año, lo que derivó en la paralización judicial de la subasta del inmueble.
La valoración pericial cifra en 36.600 euros el valor de los derechos de usufructo inicialmente otorgados a la víctima, una cantidad superior al supuesto precio de venta reflejado en la escritura.
El Ministerio Fiscal considera que los hechos constituyen un delito de estafa agravada, recogido en el Código Penal, y solicita para los dos acusados seis meses de prisión, además de cuatro meses de multa y el pago de las costas judiciales. Asimismo, se pide la nulidad de la escritura firmada en 2011 y la restitución del acuerdo inicial de intercambio de usufructos.
La causa ha permanecido paralizada durante varios años, entre 2021 y 2025, debido a la demora en la elaboración de un informe pericial, circunstancia que el fiscal considera una atenuante muy cualificada por dilaciones indebidas.
Además, el Ministerio Público solicita el mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas en 2017, especialmente las relacionadas con la vivienda que constituye el domicilio habitual de la víctima, hasta que recaiga sentencia firme.
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