Ponferrada, al igual que el resto de municipios obligados a disponer de una zona de bajas emisiones (ZBE), deberá acreditar que aplica restricciones y un régimen sancionador efectivos. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 3 de noviembre, la modificación de la normativa estatal para garantizar que estas áreas cumplen su objetivo de reducir la contaminación y proteger la salud de la ciudadanía.
La reforma exige que las ordenanzas municipales contemplen y apliquen las sanciones previstas en la normativa estatal de tráfico, sin recurrir a periodos transitorios que retrasen su efectividad. Se trata de una medida de alcance general para las localidades sujetas a esta obligación, entre las que se encuentra la capital berciana.
Los ayuntamientos tendrán que justificar documentalmente la entrada en vigor de las prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento en función del potencial contaminante de los vehículos. También deberán acreditar el funcionamiento de los sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento.
El Ministerio para la Transición Ecológica explica que el cambio responde a las deficiencias detectadas durante los primeros años de aplicación de las ZBE. Entre ellas figuran las moratorias excesivamente prolongadas, las zonas sin restricciones según las emisiones de los vehículos y los ámbitos territoriales insuficientes. El objetivo es evitar que su implantación se limite a delimitar un espacio sin medidas efectivas.
En Ponferrada, la información municipal mantiene una fase informativa sin sanciones hasta el 31 de diciembre de 2026 y una aplicación progresiva del régimen sancionador durante el primer semestre de 2027. Las restricciones de acceso se vinculan a episodios de contaminación. El anuncio estatal no concreta cómo ni en qué fecha deberá adaptarse este calendario local.
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