El proyecto para construir 80 viviendas públicas en el barrio de La Rosaleda ha centrado el debate político en el pleno del Ayuntamiento de Ponferrada, donde el PSOE ha acusado al equipo de Gobierno de aceptar criterios "racistas" para regular el acceso a los futuros inmuebles. La principal discrepancia se encuentra en los requisitos planteados para optar a una de estas viviendas, entre los que figura acreditar un mínimo de diez años de empadronamiento.
La polémica se ha producido durante la votación de la cesión gratuita a la Junta de Castilla y León de una parcela municipal en La Rosaleda, una operación que también incluía la desestimación de las alegaciones presentadas por dos comunidades de propietarios de la zona. La propuesta de cesión ha salido adelante con los votos favorables del Partido Popular, Coalición por El Bierzo y Vox y el rechazo del PSOE, sin abstenciones.
El portavoz socialista, Olegario Ramón, defendió que su formación no tiene inconveniente en respaldar la cesión, siempre que se garantice el "carácter indefinido de la protección de las viviendas", pero rechazó las condiciones de acceso vinculadas a la prioridad nacional que se pretenden incorporar.
Olegario Ramón aseguró que bastaría con eliminar esas cláusulas para que la propuesta contase "con la unanimidad del pleno". En concreto, cuestionó que se exijan diez años de empadronamiento para poder acceder a una vivienda y que se excluya a las personas condenadas por delitos de usurpación.
El socialista consideró excesivo el periodo de diez años y defendió que, si se establecen requisitos de arraigo, estos no deberían superar los cinco años. "No entendemos por qué aquí se piden diez años de empadronamiento", señaló, al tiempo que cuestionó la incorporación de las condiciones relacionadas con las condenas por usurpación.
En su intervención, Ramón acusó al PP de aceptar criterios "racistas" que, a su juicio, "no son necesarios para sacar adelante la promoción".
"Desvincúlense de la ultraderecha, será muy bueno para la ciudad y llegaremos a acuerdos en varias cosas".
Vox defiende la prioridad nacional
La respuesta de Vox llegó de la mano de su representante, Patricia González, que defendió los requisitos planteados y contrapuso la posición de su formación a la de los socialistas.
"Para Vox existe la prioridad nacional, para el PSOE existe la prioridad ilegal".
La formación defendió que las condiciones buscan "favorecer a los españoles y, especialmente, a los jóvenes ponferradinos". También cuestionó qué tendría de ilegal exigir diez años de empadronamiento o impedir el acceso a personas condenadas por usurpación.
"Para nosotros lo primero son los españoles", sostuvo Vox, que acusó al PSOE de votar en contra de unas condiciones que, según su interpretación, buscan priorizar a la población nacional en el acceso a la vivienda pública.
Por su parte, el PP evitó centrar su intervención en la controversia sobre los criterios de acceso y defendió la necesidad de avanzar en políticas de vivienda. La portavoz popular, Lidia Coca, aseguró que el objetivo es que los jóvenes de Ponferrada y del conjunto de España "puedan acceder a viviendas de calidad en su municipio". También criticó la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.
La protección de las viviendas será indefinida
Al margen de la controversia política, el pleno también abordó la duración de la protección de las futuras viviendas. A preguntas del PSOE sobre si la cesión tendría una duración de 30 años o sería indefinida, la Secretaría municipal aclaró que las promociones públicas protegidas que reciben subvenciones estatales o europeas están sujetas a la condición de mantener esa calificación de forma indefinida.
De este modo, el convenio con la Junta incorporará ese carácter permanente de la protección.
El Ayuntamiento justifica la elección de La Rosaleda
La sesión también sirvió para desestimar las alegaciones presentadas por dos comunidades de propietarios, que habían cuestionado la ubicación de la promoción y advertido de posibles problemas derivados del incremento de población, el tráfico, los aparcamientos y las infraestructuras del barrio.
El alcalde de la capital berciana, Marco Morala, defendió la elección de La Rosaleda y explicó que el Ayuntamiento había estudiado otras alternativas de suelo municipal, entre ellas parcelas en Cuatrovientos y Fuentesnuevas. Sin embargo, según expuso, ninguna reunía todas las condiciones de superficie y desarrollo necesarias para alcanzar las 80 viviendas previstas.
Marco Morala insistió en que la elección "no responde a una decisión caprichosa", sino a criterios técnicos y urbanísticos. Además, explicó que los informes municipales consideran que las alegaciones deben ser desestimadas, tanto por las cuestiones relativas a la representación de las comunidades de propietarios como por los argumentos de fondo.
Respecto a las preocupaciones vecinales sobre el tráfico, el aparcamiento y las infraestructuras, el alcalde recordó que estos aspectos ya fueron analizados en el planeamiento urbanístico y que la parcela tiene la consideración de suelo urbano consolidado de carácter residencial desde 2007.
Con la aprobación de la cesión, Ponferrada da un nuevo paso para que la Junta de Castilla y León pueda construir las 80 viviendas públicas previstas en La Rosaleda. Sin embargo, el debate plenario ha dejado patente que el principal desacuerdo político no está en la necesidad de ampliar el parque público de vivienda, sino en quién podrá acceder a ellas y bajo qué condiciones.
El pleno aprueba también el Plan de Emergencia ante situaciones de sequía
La sesión plenaria también dio luz verde, con carácter provisional, al Plan de Emergencia ante situaciones de sequía de Ponferrada, un documento que permitirá al municipio adaptarse a las obligaciones establecidas por la legislación para los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.
Coalición por El Bierzo reconoció que hace años habría sido "difícil" imaginar que un territorio como El Bierzo, tradicionalmente caracterizado por sus abundantes precipitaciones, tuviese que preparar un plan específico frente a la sequía. Sin embargo, su portavoz, Iván Alonso, apuntó que "la evolución del clima obliga a anticiparse a este tipo de escenarios". En este sentido, defendió la necesidad de disponer de información completa sobre los recursos hídricos disponibles y contar con previsiones que permitan evitar riesgos.
Desde el Partido Popular, Lidia Coca explicó que la aprobación provisional responde al cumplimiento de una obligación legal y defendió la importancia de estar preparados, aunque reconoció que la situación hídrica del Bierzo es, en términos generales, "favorable" en comparación con otros territorios.
El PSOE también respaldó la iniciativa, aunque su portavoz, Olegario Ramón, reprochó al equipo de Gobierno el "retraso de tres años en la tramitación".
"Está bien hacerlo, aunque nos hayamos despistado tres años".
Los socialistas consideraron positivo recuperar asuntos relacionados con el agua, especialmente en materia de prevención y gestión, y reclamaron una coordinación efectiva entre los distintos servicios municipales para evitar que existan "reinos de taifas" en la gestión de este recurso.
Ramón calificó el documento como un "plan de emergencias correcto" y mostró el apoyo de su grupo a su aprobación.
La propuesta salió adelante con los votos favorables del PP, Coalición por El Bierzo y PSOE, mientras que Vox se abstuvo.
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