El director de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, ha asegurado en respuesta a la resolución que ordena la paralización de la actividad de la central de biomasa de Ponferrada, Somacyl ha interpuesto un recurso de nulidad para que sea el juzgado quien decida sobre el caso, debido a que no se realizó una comunicación correcta respecto al cierre.
El Tribunal Superior de Justicia ya ha aceptado a trámite este recurso y, según señaló Jiménez, "si existió algún error durante el procedimiento, será analizado y gestionado conforme a derecho".
Por otra parte, defendió los beneficios ambientales aportados por la red térmica, destacando que ha permitido eliminar más de cien chimeneas en la ciudad, lo cual ha tenido un efecto positivo significativo en la calidad del aire local.
Además, mencionó que está previsto avanzar con nuevas etapas del proyecto mediante la instalación de una caldera adicional para extender su operatividad, si bien "estamos esperando a lo que nos diga el juez".
Sentencia de julio
Recordemos que en julio de este año, la justicia anulaba por segunda vez todos los permisos concedidos a la Central de Biomasa de Ponferrada con una sentencia que vuelve a dejar la Red de calor ubicada en Compostilla en la total ilegalidad.
Esta sentencia, al igual que la primera dictada en 2020, vuelve a dar la razón a la Asociación de Vecinos de Compostilla y a Bierzo Aire Limpio. En la sentencia el Juzgado anula la licencia de obras, la licencia ambiental y la autorización excepcional de la planta por varios motivos. En primer lugar, la sentencia aprecia que el Ayuntamiento de Ponferrada ha incurrido en un “fraccionamiento del proyecto” dado que optó por conceder las licencias impugnadas limitando su objeto exclusivamente a la edificación de la central y excluyendo a la red de calor que distribuye el mismo por toda la ciudad.
La sentencia concluye que “la Administración era plenamente consciente de la magnitud real del proyecto, pero decidió limitar el alcance de las licencias de forma artificial”. Este hecho supuso perdonarle a Somacyl decenas de miles de euros del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que se liquidó sobre el presupuesto del edificio (unos 797.000 euros), mientras que el coste total de la obra era más de 2,1 millones de euros
La sentencia concluye que ha habido una información pública deficiente, esto es, una ocultación y falta de transparencia, escondiendo ante la sociedad ponferradina el conocimiento completo del proyecto, lo que ha impedido una participación informada y efectiva, vaciando de contenido la finalidad del trámite.
Así, se omitió el trámite de audiencia a los interesados. A Bierzo Aire Limpio se le notificó el plazo de información pública cuando la documentación prácticamente ya había sido retirada de la web municipal. Finalmente, la sentencia aprecia ilegalidades urbanísticas dado que concluye que se ha tratado de consolidar por la vía de los hechos una actuación cuya cobertura urbanística integral es inexistente, pues el proyecto “implica una ocupación intensiva del dominio público local (el subsuelo de numerosas calles) para un uso privativo”. Dicha ocupación de las tuberías requería un título habilitante específico, que “no podía ser sustituido por una licencia de obras”.
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