Unión del Pueblo Leonés (UPL) exige a la Junta la asignación urgente de 30 horas de intérpretes de lengua de signos española (ILSE) que cubra el 100% de las horas lectivas de una alumna afectada por sordera profunda que lo necesita en el IES Virgen de la Encina de Ponferrada.
La formación leonesista registró recientemente una batería de preguntas en este sentido en las Cortes, en las que insta al ejecutivo autonómico a establecer la priorización absoluta de la lengua de signos española (LSE) como recurso educativo esencial en toda la comunidad autónoma.
UPL pretende garantizar con estas peticiones que ningún alumno con necesidades específicas de apoyo vea recortadas sus horas de intérprete, por criterios económicos, distribución geográfica o poca previsión y, con ello, garantizar su derecho a la educación en condiciones adecuadas.
Los leonesistas ponen de manifiesto la necesidad de dictar instrucciones expresas a la inspección educativa y a los centros escolares para aplicar de forma obligatoria las adaptaciones curriculares, metodológicas y de evaluación en LSE como la lengua materna de aquellos alumnos que por sus características específicas así lo precisen, con medidas que garanticen que el déficit de horas de ILSE provocado por la propia administración no penalice su rendimiento académico, blindando su derecho a la concesión del título ESO en base a sus competencias reales y no a sus barreras idiomáticas.
Más allá de las frías estadísticas de la Consejería de Educación, señalan en un comunicado, la percepción cambia mucho en ocasiones cuando se le pone voz, nombre y apellidos a la cruda realidad. “Hay alumnos que demuestran brillantez, a pesar de la dificultad añadida que implica tener una sordera profunda, y no se ven correspondidos por la administración proporcionándoles su única herramienta para comunicarse con sus profesores e integrarse con sus compañeros, como es dotarles de intérpretes de la lengua de signos española, limitando así su capacidad de aprendizaje”, afirman.
Para UPL resulta inadmisible que exista “una dejadez de este calibre, cuando se está dejando a alumnos como si fueran invisibles para el sistema educativo”. Esta dejadez institucional, concluyen, vulnera la Ley 27/2007 y “machaca el bienestar emocional de estos menores, provocando cuadros de ansiedad por el hecho de querer estudiar”.
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