La Justicia ha absuelto a los a 16 acusados de homicidios y lesiones imprudentes por el siniestro que tuvo lugar hace 12 años en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa, en el municipio leonés de La Pola de Gordón, y en el que perdieron la vida seis mineros (con 45 años el de más edad).
También absuelve a las entidades aseguradoras, MAPFRE España, AMIC Seguros Generales y HDI Hannover Internacional, como responsables civiles directas y a la propia Hullera Vasco Leonesa S.A. como responsable civil subsidiaria, de los pedimentos contra ellas.
Entre los 16 imputados en este caso figuran el que fuera presidente de la compañía, Antonio del Valle, el entonces vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle, el vocal de la sociedad, Aurelio del Valle; los directores general y facultativo, ingenieros y vigilantes de seguridad. Para cada uno de ellos el fiscal solicitó penas de tres años y medio de prisión e indemnizaciones por un importe global de unos dos millones, mientras las acusaciones particulares elevaban sus peticiones hasta los seis años y medio de cárcel. Por su parte, los afectados reclamaron la libre absolución y argumentan que el siniestro fue imprevisible.
El 28 de octubre se cumplían 12 años desde que la acción del grisú en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa acabase de forma instantánea con la vida de seis mineros. El 30 de marzo de 2023 quedó visto para sentencia el juicio que sentó en el banquillo a 16 acusados de homicidios y lesiones imprudentes por el siniestro y este martes, más de una década después de lo ocurrido, los tribunales han absuelto a todos los implicados del accidente en el que José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure, encontraron la muerte a casi 700 metros de profundidad.
Por el momento, sólo se ha remitido el fallo resumen donde aparece la absolución, la sentencia completa, de 505 páginas, será remitida una vez haya concluido el proceso de anonimización en cumplimiento de la normativa que regula la protección de datos personales.
Los acusados protagonizaron ocho semanas de largas y densas sesiones dirigidas a determinar las posibles responsabilidades sobre la última gran tragedia de la minería del carbón en la provincia leonesa, ocurrida en el Pozo Emilio, en Santa Lucía de Gordón, que acabó con seis vidas y cambió para siempre otras muchas.
El 30 de marzo de 2023 quedó visto para sentencia el juicio que debería aclarar si la mina, que dio a la Hullera Vasco Leonesa 120 años de historia, se cobró casi una década antes un cruel tributo sin previo aviso, como sostienen los acusados, o si se ignoraron las señales de alerta que dio antes de escribir una de sus peores páginas, como defienden las acusaciones particulares y el fiscal. La demora del fallo se achaca a que la jueza encargada del caso estuvo de baja más de dos años.
En las conclusiones finales del juicio, el fiscal afirmó que el accidente “se podía y debía haberse evitado”. A su entender, la invasión masiva de grisú que provocó la tragedia “no fue producto de un hecho fortuito, algo imprevisible o inevitable”. En su intervención apuntó a que se produjeron incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales y de seguridad minera y de la obligación del empresario de garantizar la seguridad y la salud de la plantilla. El riesgo de una emanación de metano “inmediata, intempestiva y de gran magnitud”, dijo, es conocido, conocido, no es algo inaudito y hay unas normas y medidas para evitar sus consecuencias.
Además, consideró acreditado que no se adoptaron, por parte de los altos cargos y los técnicos que dirigían la compañía en ese momento, las medidas oportunas y no obraron con la “diligencia necesaria para evitar el resultado conocido”. También aludió a que aunque de las pruebas testificales practicadas no se pueda concluir que existieran unas claras señales de alarma, sí había preocupación y temor en los trabajadores que trabajaban en el taller siniestrado. “Había preocupación porque aquello no acababa de hundir y había índices altos de metano”, mencionó como ejemplos.
Por su parte, el abogado del presidente y vicepresidente de la Hullera Vasco Leonesa sostuvo que el accidente surgió “por un caso fortuito o fuerza mayor”. También negó que existiera “temor de los trabajadores por un supuesto riesgo. Nadie señalaba esos miedos”. Además, incidió en que la Hullera Vasco Leonesa disponía de un sistema de prevención y seguridad “adecuado”.
La sentencio no es firme, contra ella cabe recurso de interposición en un plazo de 10 días desde que se notifique el fallo de la justicia.
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