La autorización para la explotación de agua mineral en la provincia de León ha desatado una fuerte polémica tras la denuncia de Ecologistas en Acción, que advierte de que el grupo Pascual-Bezoya podría estar utilizando un acuífero potencialmente afectado por los incendios forestales del pasado verano.
El aprovechamiento, concedido por la Junta de Castilla y León a través de su Dirección General de Energía y Minas, permite la extracción de hasta 500.000 metros cúbicos anuales de agua con la categoría de mineral natural en la localidad de Quintanilla de Flórez, en el municipio de Quintana y Congosto.
Sin embargo, esta concesión se asienta sobre el acuífero de la Maragatería, incluido entre las masas de agua subterránea identificadas como potencialmente afectadas por los incendios, según un informe de la Confederación Hidrográfica del Duero. El documento señala que los contaminantes derivados de cenizas y materia orgánica podrían alcanzar los acuíferos con el paso del tiempo, en función de las precipitaciones y la infiltración.
Pese a estas advertencias, la Dirección General de Minas resolvió no iniciar comprobaciones adicionales sobre la calidad del agua ni suspender cautelarmente la concesión, al considerar que no existe obligación legal para ello según la normativa vigente, basada en la Ley de Minas de 1973.
Desde Ecologistas en Acción critican que la autorización se haya sustentado en informes previos a los incendios y sin verificar el estado actual del acuífero. Además, cuestionan que los controles exigidos -como el seguimiento trimestral de caudales y presión en los pozos artesianos que abastecen a la población- recaigan en el propio promotor del proyecto, en lugar de ser supervisados directamente por la administración.
La organización también alerta del impacto territorial de la concesión, que implica la creación de un perímetro de protección de más de 2.000 hectáreas en torno a la captación. Esta medida afectaría tanto a terrenos públicos como privados en Quintanilla de Flórez y zonas colindantes, limitando actividades agrícolas, movimientos de tierra o nuevas perforaciones sin autorización, lo que podría suponer una depreciación de las parcelas afectadas.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de alzada contra la autorización, solicitando su suspensión. El caso reabre el debate sobre el control de los recursos hídricos tras grandes incendios y el papel de la administración en la supervisión de este tipo de explotaciones.
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