Una supuesta trama que se dedicaba a crear falsos partes de accidentes de tráfico para reclamar indemnizaciones millonarias fue destapada en el año 2013. En aquel momento, la Policía aseguró que el dinero recaudado con esta artimañada era de 3 millones de euros. Entre los acusados se encontraban abogados, un funcionario de juzgados, médicos y familias de León con antecedentes penales y policiales.
Ahora, en 2023, la Audiencia retoma este caso para conocer la posibilidad de tener un operativo que permita celebrar un juicio en el que habría unas 100 personas procesadas. De estos 100 procesados, 13 corresponden a imputados provinciales, 58 secundarios y decreta el sobreseimiento provisional de otros 59 al considerar que las acusaciones sobre ellos no están probadas. Es una información que adelanta este miércoles Diario de León.
Delitos de estada procesal superior a 50.000 euros, falsificación de documentos, dos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capital, simulación de delito y tenencia ilícita de armas son los cargos que se la atribuyen al principal acusado de esta trama. Por su parte, al segundo acusado en mayor grado, se le atribuyen un delito continuado de estafa agravada, falsificación de documentos, simulación de delito y cohecho, cargos similares a los que se enfrentan otros 11 sospechosos.
La Audiencia Provincial acuerda continuar las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado y da por terminada la fase de instrucción. La resolución dicta que el objetivo de la trama era simular accidentes y crear ficticiamente documentos para llevar a cabo las reclamaciones contra las entidades de seguro, en partes amistosos o informes médicos, consiguiendo así las correspondientes indemnizaciones que, después, se repartían.
En concreto el auto indica que la finalidad del grupo era «simular la realidad de los siniestros y crear ficticiamente documentos necesarios para la tramitación de las reclamaciones contra las entidades aseguradoras, tales como los referidos a los partes amistosos de accidentes o informes médicos, consiguiendo esta forma las oportunas indemnizaciones que, con posterioridad, se repartían los miembros del grupo conforme a lo pactado entre ellos».
Sin embargo, en el año 2021, un dictamen judicial estimó parcialmente el incidente de nulidad interesado por una aseguradora y por el principal sospechoso. Se alegó la imposibilidad de mantener la imputación basándose en unos expedientes cuya autenticidad había sido puesta en duda ya que su cadena de custodia había sido inexistente. También alegaba una falta de indicios racionales de criminalidad y una vulneración del derecho de defensa al imputársele unos hechos referidos a una serie de expedientes en los que consideraban que se infrigían algunos preceptos procesales.
El caso ahora se reabre en vía judicial y la Fiscalía propone 169 años de cárcel en total para todos los sospechosos y sostiene en su escrito de acusación que este grupo realizó esta trama desde finales del año 2008 hasta el 2013.