La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a la Dirección General de Tráfico (DGT) nueve examinadores fijos y un coordinador en la provincia de León para responder a la demanda de pruebas y acabar con las listas de espera para obtener el carnet de conducir. El sindicato cifra en más de 3.500 los aspirantes pendientes de realizar el examen práctico y asegura que el retraso supera los cuatro meses.
León cuenta actualmente con seis examinadores, uno de ellos de baja médica, y un coordinador para atender las pruebas teóricas, de pista y prácticas tanto en la capital como en Ponferrada. CSIF respalda a la plantilla, que, según denuncia, soporta una sobrecarga de trabajo y debe realizar continuos desplazamientos al Bierzo.
La organización sindical sostiene que la falta de personal se ha vuelto crónica y atribuye el problema a la combinación de jubilaciones, bajas y el aumento de la demanda. También critica que León quedara fuera del plan de refuerzo temporal de la actividad examinadora aplicado este verano en otros territorios, una decisión que, a su juicio, agravó la bolsa de aspirantes.
CSIF advierte de que la demora puede dificultar que los jóvenes leoneses se beneficien de las ayudas de la Junta de Castilla y León para obtener el permiso de conducir, dirigidas a quienes lo consigan entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. El sindicato considera que, con los plazos actuales, ese objetivo resulta inalcanzable para muchos aspirantes de la provincia.
La espera lleva a algunos alumnos a examinarse fuera de León. Según CSIF, estudiantes del sur de la provincia acuden a Benavente, en Zamora; los del Bierzo se desplazan a O Barco de Valdeorras, en Ourense, y otros llegan incluso hasta Asturias.
El retraso, añade el sindicato, también puede perjudicar las oportunidades laborales de quienes necesitan permisos profesionales para incorporarse a sectores como el transporte, la logística o los cuerpos de seguridad y emergencias.
Por ello, CSIF exige ampliar de forma urgente la plantilla de examinadores o poner en marcha un plan extraordinario para reducir la sobrecarga de trabajo y dar salida a los aspirantes acumulados. La organización afirma que seguirá respaldando las medidas necesarias para reclamar un servicio público de calidad en la provincia.
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