La Sección Estatal de Instituciones Penitenciarias de Comisiones Obreras denunció este martes una nueva agresión sufrida esta semana por un trabajador del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, en la provincia de León, durante el ejercicio de sus funciones, lo que “vuelve a evidenciar el fracaso de las políticas de prevención impulsadas por la administración penitenciaria”.
El sindicato, que trasladó “todo el apoyo al compañero agredido” denunció que esta nueva agresión “se suma a una preocupante escalada de incidentes violentos contra los trabajadores penitenciarios”, que “desarrollan su labor en un contexto de creciente conflictividad, falta de personal y ausencia de medidas preventivas eficaces”.
CCOO Prisiones consideró “especialmente grave” que estas agresiones se produzcan mientras permanece vigente un protocolo de actuación frente a las agresiones “cuya eficacia ha quedado ampliamente cuestionada por la realidad de los centros penitenciarios”. En este sentido, recordó que “no lo firmó” por entender que “carecía de herramientas preventivas efectivas, no abordaba las causas estructurales de la violencia en prisión y se limitaba fundamentalmente a establecer actuaciones una vez producida la agresión”.
“Lamentablemente, los hechos están confirmando las advertencias realizadas por nuestra organización sindical”, lamentaron desde el sindicato, para el que “el incremento continuado de las agresiones sufridas por el personal penitenciario demuestra que el actual modelo es insuficiente para proteger a los trabajadores y exige una revisión profunda de las políticas de seguridad laboral en Instituciones Penitenciarias”.
A ello sumaron que esta nueva agresión se produce en un contexto de “aumento de la población reclusa, incremento de internos con perfiles conflictivos y crisis de la sanidad penitenciaria”, lo que “repercute directamente en la seguridad de las plantillas”.
Ante esta situación, CCOO exigió la derogación inmediata del actual protocolo de agresiones y la negociación de un nuevo modelo “basado en la prevención, la evaluación real de riesgos y la protección efectiva de los trabajadores y trabajadoras”.
De igual forma, solicitó el refuerzo urgente de las plantillas en todos los centros penitenciarios, el reconocimiento profesional y retributivo del personal penitenciario, el desarrollo efectivo de la jornada laboral de 35 horas semanales y la implantación de la jubilación anticipada como profesión de riesgo para el personal de Instituciones Penitenciarias.
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