La compañía Tyc Narcea ha puesto en marcha un proceso de despido colectivo que impactará a la mayoría de los trabajadores en la mina de Vega de Rengos, ubicada en Cangas del Narcea (Asturias). Según datos difundidos por Radio Bierzo, entre los afectados se encuentran 34 mineros procedentes de la provincia de León.
Actualmente, la plantilla supera los setenta empleados, donde cincuenta y cinco permanecían bajo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), mientras que el resto desempeñaba tareas relacionadas con el mantenimiento, tal y como informan medios de comunicación asturianos. Esta medida se produce tras la suspensión indefinida del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC), que desde 2021 permitía operar en la mina, sumado a los continuos retrasos burocráticos para aprobar el Proyecto de Explotación.
Para afrontar esta situación crítica, Tyc Narcea utilizó previamente vacaciones acumuladas, bajas médicas y ERTEs; no obstante, dada la imposibilidad para seguir con las operaciones y los elevados costes fijos asociados al negocio, mantener el empleo resulta insostenible.
El permiso vigente autorizaba una prueba industrial con una extracción máxima de 90.000 toneladas de carbón en Asturias, ampliado automáticamente en tiempo mientras se tramitara el Proyecto de Explotación presentado hace un año. Sin embargo, en marzo pasado otra empresa presentó una denuncia a TYC NARCEA, por la que la Administración paralizó el PIC y requirió a la misma la justificación de las cantidades extraídas como su destino final, una vez justificado dicho requerimiento, el PIC se reanudó con normalidad.
Actualmente dicho PIC está de nuevo paralizado por orden de la Dirección General de Minas y Energía mientras se tramite el Proyecto de Explotación, y el ITJ determine si tienen o no que devolver ayudas.
Frente a esta resolución judicial adversa, Tyc Narcea planea apelar ante el Tribunal Supremo. Paralelamente, la demora en recibir un informe clave por parte del Instituto para la Transición Justa (ITJ) ha complicado aún más su situación financiera. Además, el Principado de Asturias mantiene pendiente desde hace un año tramitar oficialmente el proyecto para explotar plenamente la mina.
La dirección empresarial ha manifestado su intención firme de reincorporar a todos los trabajadores despedidos tan pronto como se apruebe y reactive completamente el proyecto minero. En respuesta al conflicto laboral generado, los empleados han solicitado apoyo a las autoridades locales, incluyendo alcaldes tanto del concejo asturiano como del municipio leonés vecino Villablino, buscando soluciones conjuntas para revertir esta problemática.
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