El movimiento ecologista en León, representado por las asociaciones Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, ha presentado recursos en alzada contra las recientes resoluciones emitidas por la Junta de Castilla y León. Estas decisiones pretenden levantar las restricciones a la ganadería y a la caza en los terrenos forestales incendiados durante el verano pasado.
Los incendios registrados en agosto del año anterior supusieron una catástrofe ambiental sin precedentes para León, calcinando casi un 10% de su superficie forestal, incluyendo espacios protegidos con alto valor ecológico. La gestión realizada por la Junta fue duramente cuestionada por estas organizaciones debido a su falta de eficacia.
Apenas medio año después del desastre, y justo antes de las elecciones autonómicas, el Servicio Territorial de Medio Ambiente publicó el 12 de febrero resoluciones firmadas por Jesús Méndez Fernández que anulan la suspensión automática —establecida por cinco años según el artículo 92 de la Ley de Montes— sobre los aprovechamientos cinegéticos y ganaderos en todos los terrenos afectados.
Dicha suspensión busca favorecer la regeneración natural del monte tras un incendio; sin embargo, aunque el propio artículo legal permite levantarla cuando se demuestre que no afecta negativamente a dicha recuperación ni a las especies silvestres, las asociaciones denuncian que "no se ha llevado a cabo ningún estudio riguroso sobre el impacto ambiental ni planes efectivos para restaurar estos ecosistemas."
Además, critican que no se haya convocado al Consejo Regional de Medio Ambiente para evaluar esta medida. "Las prohibiciones se han eliminado sin distinguir entre zonas con diferente régimen de protección o ubicación dentro de espacios Red Natura 2000 o parques regionales y nacionales."
Las entidades ecologistas subrayan también que esta decisión ignora el "elevado riesgo erosivo" causado por actividades ganaderas y cinegéticas sobre terrenos quemados que ya muestran signos evidentes de degradación debido a las intensas lluvias invernales. En este contexto, consideran "imprescindible" mantener las suspensiones establecidas para evitar un daño irreversible.
En sus escritos presentados ante la Junta, Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción y Plataforma para la Defensa argumentan que los fundamentos técnicos empleados para justificar estas excepciones carecen del rigor necesario. Por otro lado, advierten que responsables políticos y técnicos tienen una obligación legal clara: "restaurar los territorios dañados y proteger el patrimonio natural afectado."
Finalmente, alertan sobre una posible "maniobra electoralista detrás del levantamiento prematuro de estas restricciones, priorizando intereses sectoriales específicos frente al bienestar común". En caso de desestimarse sus recursos administrativos, estas organizaciones contemplan emprender acciones legales contencioso-administrativas e incluso penales por prevaricación ambiental contra quienes aprobaron dichas resoluciones.
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