Un informe de una auditoría externa solicitado por el personal de Universidad de León detectó varias irregularidades ha provocado que se investigue una posible malversación en la gestión de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas. Según informa el Diario de León, cuando la asesoría encargada del informe termino el mismo, este se elevó al Rectorado y a la Secretaría General que puso en conocimiento a la Fiscalía.
Una vez elevado al proceso jurídico, se han abierto diligencias para esclarecer este caso que se encuentra en proceso. Tal y como informa el medio leonés, el resultado del informe mostrataba un posible delito de malversación en los cursos de adaptación al grado de los ingenieros técnicos. A lo largo de los ocho años que la gestón estuvo al frente de la Escual, se gestionaron más de 4,4 millones de euros.
De toda esta cantidad, existen gastos justificados, no obstante, unos 100.000 a 200.000 euros de esta cuantía tienen un paradero desconocido. De esta manera la investigación se centra en parte del equipo que estuvo en la dirección de la escuela de minas durante los ocho años en los que se centra el informe.
Hechos investigados
Según la información publicada por el Diario de León, el Juzgado de Instrucción número 5 de León está siendo el encargado de investigar los hechos que mantienen la posible malversación en la que los ingresos recibidos no llegan al fin último de los mismos, sino que beneficiaban a las instalaciones educativas.
El Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, reguló los cursos de adaptación al grado que impartieron las universidades españolas, en aquel momento, la Universidad de León desarrolló sus propias pautas para concretar que las escuelas y facultades de la ULE pudiesen "promover la firma de Convenios Específicos con otras instituciones u organismos para la impartición del curso de adaptación".
De esta forma, se implantaron los cursos de adaptación que permitían a los diplomados ampliar su formación y hacerla equivalente a los niveles que exigía el plan Bolonia. Dichos cursos fueron redciendo su oferta con el paso de los años hasta desparecer.
Con motivo de la investigación, la Universidad de León ha recurrido a la Administración General del Estado que oferta una tarifa plana a las instituciones públicas estatales para que puedan hacer frente a los pleitos.
La defensa de los imputados
En otra información, esta vez recogida por el medio ILeón, los cuatro profesores imputados por este posible delito aseguran que el proceso “fue limpio y transparente”. Además, sostienen que la denuncia llega por una posible "venganza" y "caza de brujas", tildando la auditoria de una "manipulación al Rectorado".