El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León contra una mujer acusada de intentar asesinar a su exmarido, imponiéndole una condena de doce años y medio de prisión. Además, se establecen diversas medidas accesorias como la inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la pena, prohibición expresa para acercarse o comunicarse con la víctima por un periodo superior a dos décadas, así como la suspensión especial del ejercicio de la patria potestad sobre sus dos hijos comunes.
Los hechos ocurrieron en junio de 2020, cuando tras una ruptura conflictiva marcada por desacuerdos sobre las visitas a los hijos, la acusada intentó acabar con la vida de su expareja administrándole una dosis letal del raticida Talio. Para ello, impregnó una chocolatina con el veneno y persuadió al hijo común para que se la entregase al padre. Tras consumir el dulce contaminado, el hombre empezó a experimentar síntomas graves como dolor abdominal intenso y hormigueos en las extremidades.
El deterioro clínico fue rápido y alarmante: requirió hospitalización urgente por lesiones cutáneas extensas, debilidad muscular progresiva y problemas respiratorios severos. Fue trasladado al Hospital Universitario de León donde ingresó en cuidados intensivos debido a insuficiencia respiratoria grave acompañada de encefalopatía y movimientos clónicos. Los análisis confirmaron una intoxicación aguda por Talio con niveles superiores a los considerados mortales.
La estancia en UCI se prolongó hasta finales agosto del mismo año; finalmente recibió el alta médica en enero de 2021 tras superar múltiples complicaciones, incluyendo un colapso pulmonar. No obstante, quedó afectado por neuropatías periféricas múltiples, atrofia óptica bilateral e importantes secuelas cognitivas que derivaron en una incapacidad permanente absoluta tras un proceso rehabilitador que duró casi dos años.
Además del castigo penal principal, la condenada debe abonar una indemnización económica significativa: más de 822 mil euros a su exmarido para cubrir daños físicos y adaptación del hogar, junto con otros 152 mil euros destinados a cubrir gastos médicos reclamados por Adeslas Segurcaixa.
Por otro lado, el TSJCyL aún no ha resuelto sobre los hechos posteriores ocurridos en agosto de 2025. En esa fecha, dentro del marco conocido como 'Operación Lapidem', la Guardia Civil arrestó nuevamente a esta mujer tras atacar brutalmente a su excompañero sentimental, rociándolo con un líquido corrosivo mientras este se encontraba en Jiménez de Jamuz (León). El agresor sufrió heridas graves en rostro, cuello y otras partes del cuerpo causadas por el ácido.
La agresora huyó disfrazada con equipo protector, impidiendo ser identificada inicialmente; sin embargo, días después comenzaron a llegar cartas anónimas amenazando al hombre tanto personalmente como dirigidas a organismos oficiales. Las investigaciones policiales culminaron con su detención el pasado 23 octubre 2026 acusándola además formalmente por amenazas graves y quebrantamiento reiterado de órdenes judiciales.
El tribunal ha considerado probado que ambos ataques fueron deliberados, teniendo como móvil principal las tensiones familiares relacionadas con los progenitores. El testimonio aportado por el hijo resultó clave para esclarecer cómo su madre utilizó al menor involuntariamente para facilitar el intento homicida mediante veneno. A pesar del peligro extremo sufrido por la víctima gracias al rápido auxilio médico no falleció.
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