La Guardia Civil sacaba a la luz este mes la investigación a 22 personas físicas y ocho jurídicas por fraude en el cobro de subvenciones de la Unión Europea, vinculadas a la sanidad y el bienestar animal, presuntamente en connivencia con personal de la administración perteneciente a la Junta de Castilla y León.
Izquierda Unida León denuncia a través de una nota de porensa que las ayudas de la PAC en España, y especialmente en Castilla y León, "adolecen de controles suficientes, como han demostrado las investigaciones del SEPRONA que han dado lugar a una trama, en la que pueden estar implicados trabajadores de la Junta de Castilla y León".
La estafa, que se calcula, en principio, de 1M de euros, es según el partido político, "fruto de la falta de controles en nuestra Comunidad y están siendo investigados miembros de la administración de la Consejería de Agricultura, consejería que, desde febrero de 2022, está en manos de Gerardo Dueñas, de Vox".
Para Carmen Franganillo, coordinadora local de Izquierda Unida en León “esta forma de fraude podría estar extendida por todo el país”, y piden un aumento de las medidas de control.
La trama en Castilla y León
El fraude investigado consistía en que los ganaderos realizan una simulación de pastoreo para solicitar las ayudas de la PAC. Estas personas, que se dedican a la ganadería intensiva, fingía que sus animales se dedicaban al pastoreo, para recibir subvenciones sobre las tierras. A su vez, esas fincas eran reasignadas a ganaderos del sur del país, que poseían ganado de abasto, que trasladaban a dichos pastos para realizar la trashumancia.
Cada ganadero podría haber recibido, de forma ilícita, unos 45.000 euros, por simulando el pastoreo. De esta manera se obtenía un doble beneficio ilícito por los pastos, que eran imputados documentariamente a los ganaderos solicitantes de la PAC, para recibir la ayuda, pero realmente eran aprovechados por otros ganaderos que tenían que pagar por el uso de los mismos.
Asimismo, Izquierda Unida pide que se fiscalice a las personas, asociaciones y entidades públicas y privadas, que tramitan los expedientes, puesto que este tipo de prácticas “podría ser más habitual de lo que pensamos”, exponen desde IU. “Necesitamos aumentar las inspecciones para que el dinero de las ayudas lo reciban quienes de verdad lo necesitan”. “Deberían revisarse los certificados de uso de pastos, y comprobar que las fincas están registradas en la PAC a nombre de quienes efectivamente las dedican al pastoreo o las declaran, y que estas fincas tengan efectivamente ese uso.”
De momento, se han detectado irregularidades en el cobro de estas subvenciones en Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y Cantabria, y la Operación ha sido llevada a cabo por parte de una unidad del SEPRONA con la Fiscalía Europea, y desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA).
La PAC
Además, desde IU proponen que se impulse una nueva Política Agraria Común capaz de defender la agricultura familiar, proteger al medio ambiente y poner coto al control de la cadena agroalimentaria por parte de grandes empresas. “La agroganadería exige precios justos por la producción de alimentos que permitan una renta justa, y para ello la PAC debe incluir instrumentos de regulación de mercado que pongan fin a la especulación alimentaria y a la volatilidad de los precios, y el abuso de poder de la agroindustria y la gran distribución”.
