El Ejecutivo asturiano ha presentado una solicitud formal dirigida al Ministerio de Transportes del Gobierno de España y a Aucalsa, empresa concesionaria de la autopista AP-66 conocida como el Huerna, para que se proceda a revisar el coste del peaje mientras duren los trabajos de modernización en los túneles y las labores de estabilización en un talud.
Esta petición surge a raíz del deterioro notable en la calidad del servicio que ofrece esta vía, reflejado en restricciones constantes tanto en la capacidad operativa como en los límites de velocidad permitidos. Según los informes elaborados por el Principado, estas condiciones impactan directamente sobre la funcionalidad del corredor, prolongando los tiempos de viaje y comprometiendo las garantías de seguridad vial.
Las inspecciones realizadas confirman un descenso estructural significativo en el nivel de prestación que va más allá de incidencias puntuales, evidenciando un impacto grave sobre el funcionamiento habitual y poniendo en entredicho su idoneidad como infraestructura pública esencial.
Desde Asturias se considera que las actuales circunstancias no responden a los parámetros mínimos esperados para una autopista bajo régimen de peaje. Por ello, se cuestiona la proporcionalidad entre las tarifas aplicadas y el servicio realmente ofrecido. En consecuencia, se demanda implementar sin demora medidas correctivas orientadas a restablecer unas condiciones óptimas, incluyendo además una revisión detallada de los precios cobrados.
Asimismo, el Gobierno regional solicita al Ministerio que intensifique la supervisión sobre esta concesión y exija a Aucalsa reorganizar sus planes para evitar acumulación futura de problemas durante las obras. También reclama acceso a información técnica precisa acerca del calendario previsto para finalizar las intervenciones y su impacto estimado.
Esta reclamación se tramita paralelamente a otros procedimientos iniciados por Asturias contra la prórroga concedida hasta 2050 para gestionar este tramo con peaje. El Principado mantiene abierta la posibilidad de acudir a instancias judiciales con el fin último de anular dicha extensión contractual si no se garantiza un adecuado servicio público.
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