El colectivo veterinario de León vuelve a salir a la calle este fin de semana para protestar contra el Real Decreto 666/2023, que regula el uso y la dispensación de medicamentos en clínicas veterinarias. Bajo el lema “Veterinarios y familias, unidos por el bienestar animal y la salud pública”, la manifestación partirá el domingo a las 11:00 desde la plaza de San Marcos de León y recorrerá la ciudad hasta el Jardín de San Francisco. La protesta se replicará en todo el país.
La convocatoria está respaldada por colegios profesionales, asociaciones científicas, facultades, sindicatos y organizaciones de estudiantes, en una muestra de unidad del sector. Los veterinarios hacen además un llamamiento a la ciudadanía, invitando a los propietarios de mascotas a unirse con sus animales para visibilizar el impacto que estas normativas tienen también sobre ellos.
Durante la presentación de la manifestación, intervinieron Luciano Díez, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León; Blanca Blanco, presidenta de CEVE León; Manuel Martínez, presidente de FESVet; María Teresa Carbajo, decana de la Facultad de Veterinaria de León; y David González, presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Veterinaria (CONEVet). Todos coincidieron en "denunciar que el nuevo marco normativo limita gravemente el ejercicio profesional, incrementa la carga administrativa y pone en peligro tanto el bienestar animal como la salud pública".
Las principales quejas del colectivo
Entre las consecuencias del Real Decreto, los veterinarios denuncian: La imposibilidad de adaptar tratamientos según el criterio clínico y la evidencia científica; El uso obligatorio de fichas técnicas desactualizadas, pese a la existencia de estudios más eficaces; Restricciones a la elección de antibióticos y retrasos en tratamientos urgentes, que ya han provocado muertes en animales; La obligación de derivar a los propietarios a farmacias, enfrentándolos a desabastecimientos, precios elevados y envases inadecuados; Un aumento de sobrantes de medicamentos, lo que favorece la automedicación, el mercado negro y la contaminación ambiental; Sanciones desproporcionadas, que pueden llegar hasta 1,2 millones de euros.
Un problema que también afecta a las familias
Los profesionales advierten que la normativa no solo afecta a los animales, sino también a sus propietarios. “Más de la mitad de los hogares españoles tienen una mascota, y todos ellos están en riesgo si no se modifica esta legislación”, afirman. Asimismo, denuncian que "la situación es similar en el ámbito de la ganadería, con consecuencias para la producción animal y la seguridad alimentaria"
El colectivo insiste en que "no se trata de un conflicto corporativo", sino de una lucha por poder ejercer dignamente una profesión sanitaria clave para la sociedad. “Lo que está en juego son vidas animales, la salud pública y el futuro de nuestra profesión”, concluyen.
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