Un pueblo sin bar, es un pueblo encaminado a 'fenecer'. Y es que en pequeños núcleos rurales son un punto de encuentro y desempeñan una función de centro social que no está retribuida ni les permite hacer frente a las dificultades económicas debido a la baja rentabilidad de estos establecimientos. Pero, ayer, esto cambió cuando el pleno del Congreso acordó por amplia mayoría tramitar la proposición de ley que considera entidades de economía social para aquellos asentados en localidades o municipios de menos de 200 habitantes.
La norma fue propuesta por la plataforma Teruel Existe, que desde hace tiempo viene defendiendo los intereses de aquellos pequeños negocios de los pueblos. Con 303 votos a favor, 23 en contra y 10 abstenciones, la Cámara Baja aceptaba equiparar estos establecimientos con cooperativas, mutualidades, fundaciones, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores o sociedades agrarias.
Esto podría convertirse en un revulsivo que impidiera la pérdida de los bares en las zonas vaciadas de España. De esta manera, la medida permitirá que los bares de los municipios de menos de 200 habitantes recibir ayudas recogidas en la Ley de Economía Social.
Esta proposición de ley fue expuesta por Teruel Existe que defendió los motivos como que los servicios básicos que se prestan están desapareciendo en la España vaciada y muchos municipios de menos de 200 habitantes ven peligrar la supervivencia de sus bares.
"Los estudios indican que estos establecimientos fomentan la cohesión comunitaria y el desarrollo económico. Por contra, está socialmente aceptado que un pueblo está sentenciado cuando cierran la escuela y el bar", reza la proposición.
De esta manera el Congreso de los Diputados tendrá en cuenta esta proposición de ley para que se reconozca como entidades de la economía social a estos establecimientos de hostelería y también a los comercios, que aun sobreviven en los municipios con menos de 200 habitantes.
Por ello, se reclama al Estado que facilite la sostenibilidad financiera y empresarial de estos establecimientos, "compensando así el servicio social que prestan estos establecimientos a la cohesión territorial de nuestro país y, en consecuencia, al bien común".
Esta iniciativa ya ha recabado los apoyos del PSOE, Unidas Podemos, PP y Vox, que han avanzado el sentido favorable de su voto.
