Todas las Comunidades Autónomas, excepto Madrid, han acordado con el Ministerio de Sanidad decretar el cierre perimetral de las autonomías durante la Semana Santa. Asimismo, han pactado el establecimiento del toque de queda entre las 22:00 y las 06:00 horas (que ya se aplicaba en dicha franja horaria en Castilla y León pero no así en otras autonomías).
Estas pautas se recogen en un documento elaborado por la Comisión de Salud Pública y, en cualquier caso, el acuerdo deberá ser ratificado el próximo miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Estas restricciones tienen por objetivo contener los contagios de COVID-19. El Interterritorial del próximo miércoles también ratificará la limitación de reuniones sociales a un número máximo de cuatro personas, tanto en interior como exterior. Asimismo, se desaconsejan los encuentros sociales entre no convivientes en domicilios privados.
En materia de movilidad, se deberán evitar todos los viajes de carácter no necesario. Además, quedan prohibidos los eventos masivos que impliquen aglomeraciones de personas. El Ministerio ha instado a las comunidades autónomas a que no rebajen el nivel de alerta en el que se encuentren en las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa, incluso cuando los indicadores para ello sean favorables.
El documento aprobado por los ejecutivos autonómicos y el Ministerio de Sanidad presenta una campaña institucional para evitar la relajación de comportamientos para prevenir contagios, y que tendrá lugar bajo el lema ‘No salvamos semanas, salvamos vidas’.
En cualquier caso, dada la postura reticente de la Comunidad de Madrid, será preciso esperar al Consejo Interterritorial del próximo miércoles para oficializar el acuerdo y conocer si finalmente se llegará a una estrategia común para todo el territorio nacional.
Residencias de mayores
En la Comisión de Salud Pública de este jueves también se ha aprobado la ‘Adaptación de las medidas en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial en el marco de la vacunación’, en el que se recoge que “se debe informar a los residentes, trabajadores y familiares que, aunque existe un riesgo significativamente menor de padecer COVID-19 después de la vacunación, el riesgo no desaparece por completo”.
Por lo tanto, “se debe continuar garantizando el cumplimiento de las medidas de higiene y prevención, tales como el uso de mascarilla, lavado de manos y distancia de seguridad, así como una ventilación adecuada”. No obstante, “se permitirán las actividades grupales y el uso de las zonas comunes dentro del centro asegurando el cumplimiento del punto anterior y manteniendo las medidas de vigilancia contenidas en los planes de contingencia”.
Respecto a las visitas, salidas e ingresos, “se flexibilizará el régimen de visitas y salidas tras una valoración individualizada de cada residente y de cada centro residencial” y “la ubicación y organización de las visitas, su supervisión o no, y el número de visitantes, así como la organización y duración de las salidas, se pautará por parte de la autoridad competente garantizando siempre las medidas de prevención adecuadas”, tal y como recoge el acuerdo.
De forma general no se realizará prueba de coronavirus a la salida y reingreso de residentes vacunados. Siempre que el residente no está vacunado o en determinadas situaciones en las que así se valore, se realizara una prueba diagnóstica teniendo en cuenta el perfil de la salida así como la situación epidemiológica del lugar de la estancia.
Al reingreso, se mantendrá una vigilancia activa de síntomas y se extremarán las medidas de prevención, procediendo a un aislamiento preventivo y prueba inmediata ante cualquier síntoma sospechoso.
En los nuevos ingresos, se garantizará la vacunación con la anterioridad suficiente y en aquellos con ingreso urgente se extremarán las medidas de precaución hasta completar la pauta de vacunación.
Algo parecido ocurrirá con los nuevos trabajadores, cuya incorporación no se recomienda hasta que hayan sido vacunados con las dos dosis.