Con el objetivo de amortiguar las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio, el Ejecutivo ha aprobado dos nuevos decretos publicados recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que entran en vigor desde este domingo. Estas disposiciones cuentan con una inversión global cercana a los 5.000 millones de euros.
Reducciones fiscales y ajustes en energía
En materia energética, se aplican importantes rebajas impositivas: el IVA sobre electricidad, gas natural, pellets y leña desciende del 21% al 10%, mientras que el impuesto especial sobre combustibles como gasóleo y gasolina también se reduce al 10%. Además, se suspende temporalmente el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y se establece el mínimo posible (0,5%) para el impuesto especial eléctrico destinado a consumidores.
En cuanto al impuesto sobre hidrocarburos, su disminución hasta los niveles mínimos permitidos por la Unión Europea representa un ahorro aproximado de hasta 30 céntimos por litro de combustible. Por otro lado, los precios máximos del butano y propano quedan congelados para proteger a los consumidores.
Refuerzo del bono social y garantía de suministros básicos
Para apoyar a colectivos vulnerables, se amplían los descuentos del bono social: quienes estén en situación vulnerable obtendrán un descuento del 42,5%, mientras que los considerados vulnerables severos podrán beneficiarse hasta un 57,5%, vigentes hasta final de año. Además, la ayuda mínima vinculada al bono social térmico aumenta hasta los 50 euros. El Gobierno asegura también la continuidad del suministro tanto eléctrico como hídrico durante este periodo crítico.
Apoyo económico a sectores estratégicos
Transportistas profesionales, agricultores, ganaderos y pescadores contarán con una ayuda directa equivalente a 20 céntimos por litro de gasóleo profesional. Asimismo, dispondrán de una ayuda similar destinada a facilitar la adquisición de fertilizantes necesarios para sus actividades productivas.
La industria electrointensiva verá bonificados sus peajes eléctricos asociados al transporte y distribución con un descuento cercano al 80%, lo que supone un ahorro estimado en torno a los 200 millones de euros. En paralelo, para fortalecer al sector agroalimentario y pesquero se incrementa en 300 millones la línea crediticia ICO-MAPA-SAECA con el fin último de facilitar su acceso a financiación.
Impulso decidido hacia las energías renovables y eficiencia energética
Se introducen deducciones fiscales en el IRPF para incentivar inversiones particulares como instalación de placas solares fotovoltaicas, puntos de recarga eléctrica o bombas de calor. También se aplicará un descuento fiscal del 15% para compras relacionadas con vehículos eléctricos e híbridos enchufables.
El autoconsumo energético recibe un impulso ampliando la distancia máxima permitida entre generación y consumo desde dos hasta cinco kilómetros. De igual modo, las entidades locales podrán promover nuevas modalidades energéticas colaborativas y comunidades energéticas.
Para aumentar la capacidad tecnológica verde se eleva la capacidad autorizada para almacenamiento eléctrico mediante baterías; además se declara como utilidad pública estratégica el bombeo hidroeléctrico y se refuerzan todas las políticas relacionadas con fuentes renovables.
A nivel local, los ayuntamientos están facultados para conceder bonificaciones fiscales significativas: hasta un máximo del 50% sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) si se instalan sistemas basados en energías renovables; incluso podrán aplicar reducciones superiores al 90% —concretamente hasta un 95%— relativas a obras e instalaciones vinculadas.
Nuevas regulaciones laborales y control sobre alquileres
Dentro del marco laboral, queda prohibido despedir personal en aquellas empresas que accedan o hayan recibido ayudas públicas específicas relacionadas con las consecuencias económicas ocasionadas por esta crisis internacional.
Por otra parte, uno de los decretos contempla una congelación temporal en los precios máximos aplicables a contratos de alquiler residencial; sin embargo, desde Moncloa reconocen que aún no cuentan con respaldo parlamentario suficiente para validar esta medida ante el Congreso de los Diputados.
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