El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del cantante Joaquín Sabina contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó que debía pagar 2,5 millones de euros en impuestos por el IRPF de los años 2008, 2009 y 2010 en concepto de derechos de autor, cedidos a empresas familiares.
El cantante había acudido al Supremo con la intención de que enmendara la sentencia de la Audiencia Nacional que en junio de 2022 dio la razón a la Agencia Tributaria frente al recurso judicial de Sabina, que ya había reclamado sin éxito por vía administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central.
La sentencia data del pasado 13 de abril y explica que Sabina era socio o administrador de tres empresas: Ultramarinos Finos, Relatores y Pan de mis Niñas. Al parecer, con ellas gestionaba sus derechos de autor, pero no solo eso, sino también varios inmuebles, un velero y algunos libros antiguos. Esas tres compañías generaron más de 12 millones de euros en ingresos de explotación: «Todos estos ingresos tienen una relación directa con el demandante, ya sea por servicios facturados o por cobro de derechos de autor, con las actividades profesionales en las que la intervención»
Sabina ha alegado que no tenía relación con alguna de esas sociedades, pero los jueces han considerado que el cantante tributó menos de lo que le correspondía.