El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a los nuevos desafíos del mercado de trabajo del siglo XXI, marcados por la digitalización, los cambios organizativos, la conciliación o la desconexión digital. La nueva norma, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, introduce por primera vez una referencia expresa a la salud mental y a los riesgos psicosociales, que contarán además con un desarrollo reglamentario específico.
El texto amplía el concepto de daño derivado del trabajo, que ya no se limita a lo físico, sino que incluye también efectos fisiológicos, cognitivos, emocionales, conductuales o sociales. Asimismo, obliga a tener en cuenta todos los riesgos -incluidos los psicosociales y los derivados del cambio climático- en la evaluación y planificación preventiva, que deberá realizarse mediante visitas presenciales a los centros de trabajo. También se incorpora la obligación de adoptar medidas ante fenómenos meteorológicos adversos o catástrofes naturales.
Entre las principales novedades, se refuerza la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras, que deberá incluir pruebas específicas según los riesgos del puesto, tanto a nivel individual como colectivo. Además, se introduce la perspectiva de género y edad en la prevención, se establecen procedimientos de retorno al trabajo tras bajas prolongadas y se exige adaptar los equipos de protección a las características de cada trabajador.
La norma también endurece las obligaciones empresariales frente a situaciones de violencia y acoso, incluyendo el ciberacoso o el derivado del uso de algoritmos e inteligencia artificial. Las empresas deberán garantizar la protección frente a estas conductas y reforzar la formación preventiva, que será preferentemente presencial.
UGT y CCOO Bierzo han aprovechado la conmemoración del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para lanzar una advertencia clara: la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que cumple 30 años en 2026, “se ha quedado obsoleta” y necesita una reforma urgente para adaptarse a las nuevas realidades del mercado laboral.
En el ámbito organizativo, se limita la posibilidad de que el empresario asuma directamente la prevención a empresas muy pequeñas, se reducen los umbrales para contar con servicios de prevención propios y se clarifican las condiciones de contratación de servicios externos. Además, se prevé la creación de agentes territoriales de prevención para apoyar a las pymes.
La reforma se ha elaborado en el marco del diálogo social y toma como referencia la Estrategia de Prevención de Riesgos Laborales 2023-2025. Una vez entre en vigor, el Gobierno dispondrá de un año para aprobar el reglamento específico sobre riesgos psicosociales, que abordará aspectos como la promoción de entornos laborales saludables o la prevención de la conducta suicida.
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