En la Audiencia Provincial de Madrid ha dado inicio el juicio contra Toño Sanchís, quien fuera representante de la conocida figura mediática Belén Esteban. El caso ha captado gran atención pública debido a las acusaciones que pesan sobre Sanchís por presunta apropiación indebida de un total de 388.868,14 euros pertenecientes a Esteban durante los años comprendidos entre 2009 y 2015.
La Fiscalía reclama para Sanchís una condena de tres años y seis meses de prisión, además del reembolso de 339.549,81 euros a Bem Imaging S.L., empresa vinculada con Belén Esteban y afectada directamente por esta situación. También se exige una sanción económica adicional que asciende a los 3.600 euros.
Este litigio tiene su origen en un contrato firmado en 2009 entre Producciones Bem S.L., sociedad encargada de gestionar los derechos de imagen de Esteban, y la Agencia de Servicios Lorant S.L., entidad en la que Toño Sanchís ostentaba una participación del 50%. Según lo pactado, dicha agencia actuaba como representante exclusiva gestionando los ingresos generados por Belén Esteban, percibiendo una comisión fija del 20% sobre el total bruto.
Según el Ministerio Público, Toño Sanchís habría abusado del vínculo fiduciario establecido al ser responsable también de elaborar las facturas emitidas por Bem Imaging S.L., incrementando indebidamente esta comisión más allá del porcentaje acordado y apropiándose finalmente de un monto extra que sumaría 362.248,14 euros más el IVA correspondiente.
Tras concluir el contrato y ante la negativa reiterada del acusado a rendir cuentas claras sobre estos cobros adicionales, tanto Belén Esteban como sus empresas Bem Imaging S.L. y Producciones Bem S.L. interpusieron una demanda que fue favorable para ellas en primera instancia, obligando a la agencia a abonar cerca de 388.868 euros.
No obstante, Toño Sanchís incumplió con esta sentencia judicial; hasta ahora solo se han recuperado poco más de 49.300 euros en efectivo y una propiedad ubicada en Villanueva del Pardillo valorada alrededor de los 375.000 euros aunque gravada con una hipoteca superior a los 200.000 euros.
Por su parte, el exrepresentante defiende haber contado con autorización expresa verbal para quedarse con un porcentaje mayor —del orden del 30%— argumentando que su relación profesional con Belén Esteban trascendía lo estrictamente contractual hasta convertirse en algo «más que un representante». Reconoce no haber formalizado este acuerdo por escrito y lamenta las consecuencias personales negativas derivadas del proceso judicial, incluida la pérdida forzada de su vivienda familiar.
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