La Ley de Protección de los derechos y el bienestar de los animales entrará en vigor el próximo 29 de septiembre sin la obligación de seguro de responsabilidad civil por tenencia de perros ni la realización de un curso de tenencia responsable o identificar a otros animales más allá de perros, gatos y hurones, dado que el Gobierno está todavía en funciones y no puede aprobar aún el reglamento de la Ley.
Se desconoce lo que sucederá con la ley si se produce un cambio de Gobierno y el PP llega a la Moncloa, pero por ahora el próximo 29 de octubre no será obligatorio que los propietarios de perros cuenten con un seguro de RC ni tampoco el 'cursillo' obligatorio.
Las propuestas que se queda en stand by
La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de marzo, donde se establece que entra en vigor seis meses tras la publicación, es decir, el próximo viernes 29 de septiembre.
Desde su entrada en vigor, iba a empezar a aplicarse la mencionada normativa, que contempla en su artículo 30, sobre la tenencia de perros, la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros: "En el caso de la tenencia de perros y durante toda la vida del animal, la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros", reza la norma que ahora queda en el tintero.
Hasta ahora esta norma estaba reservada para los propietarios de razas potencialmente peligrosas, desde el próximo 29 se aplicará a todas las razas y perros por igual. En caso de que los dueños de los perros no tengan contratado un seguro de responsabilidad civil durante la vida del animal, podrán llegar a enfrentarse a multas que van desde los 500 a los 10.000 euros.
Cursillo
Además, del seguro, con la nueva ley los propietarios de perros debían "acreditar la realización un curso de formación para la tenencia de perros que tendrá una validez indefinida". El curso "será gratuito y su contenido se determinará reglamentariamente", según se recoge en la ley.
Tiempo sin supervisión
Por otro lado, la ley establecía que los animales de compañía no podrán estar más de 3 días seguidos sin supervisión, algo que en el caso de los perros se acorta a 24 horas. La excepción aquí sería para los perros pastores, ya que se entiende que viven en espacios en los que pueden salir al exterior. No obstante, tendrán que contar con dispositivo de geolocalización y tener casetas para protegerse.
Mascotas prohibidas
La norma establece que todo animal que quede incluido en la lista de permitidos, debe pertenecer a una especie que sea fácil de atender en cuanto a su ambiente, su comportamiento y sus necesidades fisiológicas. Será también necesario que haya datos científicos sobre el manejo de la especie en cautividad; que no suponga un riesgo para las personas por su agresividad y que no exista ningún indicio de que si el animal se escapa, o se abandona, pueda colonizar hábitats y causar daños.
De acuerdo con estas premisas, los animales que a partir de ahora no podrán ser mascotas son:
- Conejos y roedores: hámsteres, conejos, chinchillas y cobayas.
- Tortugas: existen especies protegidas y vulnerables.
- Arañas: son peligrosas porque pueden transmitir enfermedades contagiosas para los humanos.
- Erizo: es considerado como un peligro para otras especies autóctonas.
- Cerdo vietnamita
- Reptiles tóxicos: iguanas, camaleón, serpientes, geckos, u otros reptiles en las categorías de especies no autóctonas.
- Aves: periquitos, cotorras o agapornis.
La nueva ley contempla además el endurecimiento de las penas existentes contra el maltrato animal:
- En caso de que el animal fallezca, se establecen penas de cárcel de entre 18 y 24 meses para los responsables.
- En caso de existir más de un agravante, la pena se extiende hasta los 36 meses.
- Inhabilitación para vivir o trabajar con animales de entre cinco y diez años.
- Endurecimiento de las multas que, a partir de ahora, se clasifican en función de la gravedad de los hechos: las infracciones leves tendrán una sanción de entre 500 y 10.000 euros; las graves de 10.001 a 50.000 euros y las muy graves partirán de 50.001 hasta 200.000 euros.