La concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada, Amparo Vidal, ha afirmado este martes que cumplirán la anulación del conocido como 'macrocontrato' de limpieza con la empresa FCC, tras la ratificación de la sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Vidal ha querido recordar que la sentencia viene del verano de 2016 "y había partes que ya habíamos cumplido". "Además, esto no se ha demorado por un capricho del Ayuntamiento, sino porque dos miembros de la mesa encargada tenían sus dudas sobre la anulación de dicho contrato".
Por otro lado, la también teniente de alcalde y portavoz del PP de Ponferrada, ha explicado que el siguiente paso será llevar a pleno municipal la readjudicación del contrato, pero "es imposible llevarlo al de este mes porque quedan muy pocos días", por lo que será a partir de febrero. Además, Vidal ha expresado que quizá cabría la posibilidad de celebrar un pleno monográfico extraordinario para cerrar este tema.
Polémica
Fue el equipo de Gobierno de los no adscritos de Samuel Folgueral e IAP (el bipartito) el que licitó el contrato unificado de limpieza viaria, recogida y transporte de basura y mantenimiento de parques y jardines, el llamado ‘Macrocontrato’. Cabe recordar que este contrato unificado de limpieza viaria, recogida y transporte de basura y mantenimiento de parques y jardines es uno de los más importantes del Ayuntamiento, dado que se cerró por un periodo de 17 años (más tres prorrogables) a razón de 5,8 millones de euros cada uno de ellos.
En sentencia dictada el pasado mes de junio, el TSJ estimó las alegaciones presentadas por Urbaser e instó al Ayuntamiento a corregir las puntuaciones técnicas y económicas a las que se acogió para adjudicar el servicio a FCC. Urbaser, que presentó una oferta más ventajosa desde el punto de vista económico, había apelado en su recurso a que la mesa de contratación había revocado “de un modo injustificado e improcedente” la puntuación que el comité de expertos constituido al efecto le había concedido, algo que la empresa tachó de “actuación de arbitrariedad administrativa” y el TSJ califica de “trato desigual no justificado debidamente”.