El procurador de Vox en las Cortes, Jesús García-Conde, y los diputados de Vox en Castilla y León Pablo Sáez, Víctor González, Georgina Trías, Pedro Requejo, Rodrigo Jiménez y Pablo Calvo manifestaron hoy su “oposición” a las nuevas medidas adoptadas por la Junta de Castilla, que tachan de “totalmente desproporcionadas”, y que “vulneran una vez más los derechos de los ciudadanos en la Comunidad, atacan a las libertades fundamentales, limitan la libertad de movimientos, obligan a un encierro domiciliario e impiden la libertad de culto”, además de que “arruinan a la hostelería”.
Para Vox, el toque de queda impuesto por el Gobierno autonómico “entra en conflicto legal con el que establece el Gobierno de Sánchez e Iglesias en su ilegal estado de alarma”. En un comunicado recogido por Ical señalan que “el Gobierno central delega en las autonomías la posibilidad de gestionar la pandemia y paralelamente las condiciona en la toma de decisiones”.
Además, aseguran que “las autonomías han demostrado ser incapaces a la hora de gestionar la pandemia, ya que España es el país con peores resultados en el mundo occidental al sufrir la mayor caída del PIB y de muertos por 100.000 habitantes”. “Una gestión negligente de la que también es responsable el caótico sistema autonómico”, censuran.
Por otra parte, critican que la Junta de Castilla y León delega la responsabilidad de hacer cumplir estas medidas “de dudosa legalidad” a Policía y Guardia Civil. “Una vez mas, Francisco Igea y Alfonso Fernández Mañueco se arrogan autoridad en cuerpos de la administración que no poseen, ya que la autoridad sobre ambos cuerpos es exclusiva del Gobierno de la nación desarrollada en las regiones a través del delegado del Gobierno”, explican.
Para ellos, la aplicación de estas medidas va a suponer un “agravamiento de las consecuencias que ya vienen sufriendo los sectores más castigados desde el inicio de la pandemia”, entre los que citan a la hostelería, centros deportivos y agencias de viajes. “Estas nuevas medidas van a suponer una debacle para la ya maltrecha economía de la Comunidad con unos trabajadores, empresarios y autónomos que continúan siendo víctimas de los desentendimientos entre administraciones esperando soluciones que no llegan ni desde el Gobierno central ni desde el autonómico. Castilla y León debe protegerse pero no puede detenerse”, concluyen.