Unos 2,7 millones de personas que residen en hogares cuya renta en 2021 fue inferior a 14.000 euros podrán beneficiarse del pago único de 200 euros aprobado por el Gobierno en el marco del nuevo real decreto con medidas para paliar las consecuencias de la inflación, y que está destinado tanto a autónomos como a trabajadores por cuenta ajena y desempleados inscritos en las oficinas del servicio de empleo.
Así lo explicó el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que indicó también que para recibir esa ayuda, los beneficiarios deben residir en hogares en los que la suma de las rentas que perciban los convivientes sea inferior a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio descontando la vivienda habitual no supere los 43.196,4 euros.
Se excluye de esta ayuda a quienes ya cobren el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o reciban pensiones del Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Para estos colectivos, el real decreto contempla ya medidas concretas como la prórroga del incremento del 15% del IMV o de las pensiones no contributivas, que implica incrementos anuales superiores a los 200 euros. En el caso de las pensiones contributivas, el Gobierno ya garantiza el incremento en línea con la inflación para garantizar que no existe una merma del poder adquisitivo, según Hacienda.
El organismo encargado de la gestión de esta ayuda, que requerirá solicitud previa por los beneficiarios, será la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
IVA de la luz
Además, el Ejecutivo también ha dado el visto bueno este sábado a una rebaja del IVA de la luz del 10% al 5% y la extensión del resto de medidas de reducción de impuestos vinculados a la electricidad que estaban en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022.
En total, el impacto de esta batería de medidas tributarias supondrá un ahorro para familias, empresas y autónomos de 3.600 millones de euros. De hecho, el Gobierno ha bajado ya un 80% los impuestos vinculados a la factura de la luz, según detalló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros extraordinario de este sábado.
Asimismo, la prórroga del Real Decreto-ley también incluye mantener la bonificación extraordinaria de 20 céntimos por litro de carburante para paliar el aumento de los precios de los combustibles. Una medida que beneficia, especialmente, a los profesionales del transporte, pero también al resto de consumidores.
España tendrá a partir del 1 de julio, cuando entre en vigor esta rebaja, el IVA de la electricidad más bajo de la UE. Esta reducción se suma a la llevada a cabo en junio de 2021, cuando el Gobierno redujo del 21% al 10% este gravamen.
La nueva bajada del IVA de la luz se produce en los mismos términos en los que estaba vigente. Es decir, afecta a los consumidores con una potencia contratada inferior o igual a 10 kW, siempre que el precio medio aritmético del mercado mayorista de la electricidad correspondiente al mes anterior al del último día del periodo de facturación haya superado los 45 euros por MwH.
Esta rebaja del IVA permite reducir la factura a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas. La práctica totalidad de hogares se beneficia de la disminución de este gravamen. El tipo del 5% en el IVA se aplica también al 72,5% de los contratos de suministro de electricidad de empresas y negocios (no domésticos), según Hacienda.
El gravamen del 5% se aplicará también para los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión, con independencia de la potencia contratada o del precio de la electricidad, medida que beneficiará a más de 640.000 hogares.
Asimismo, el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que el Gobierno ya rebajó en septiembre de 2021 de un tipo del 5,1% al 0,5%, mantendrá este gravamen mínimo que permite la normativa de la Unión Europea hasta el 31 de diciembre de 2022.
Otra de las medidas que se prorrogan es la bonificación extraordinaria de 20 céntimos por litro de combustible, que empezó a funcionar el 1 de abril y estaba prevista su finalización el 30 de junio, pero ahora, ante la persistencia del alza de precios, se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2022. La bonificación beneficia principalmente a los transportistas, pero también al resto de usuarios. El impacto de esta medida entre julio y diciembre de 2022 se estima en 4.038 millones de euros.
Asimismo, se extienden las ayudas directas para el sector gasintensivo a otras actividades de este ámbito, uno de los más afectados por el aumento del precio del gas, que ya se adoptaron en el decreto del pasado 29 de marzo. Esta ayuda directa tendrá una cuantía máxima de 400.000 euros por empresa.
El decreto también mantiene la suspensión durante todo 2022 del Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), un tributo que grava con un 7% los ingresos obtenidos por la venta de la electricidad en el mercado mayorista y se repercute en el precio de dicho mercado y en la factura final.
Nuevo impuesto
Por otra parte, al margen del Real Decreto-ley, el Gobierno trabaja en el diseño de un nuevo impuesto, dado el impacto que el encarecimiento de los precios de la energía está teniendo en los beneficios extraordinarios de los operadores energéticos más relevantes. Este nuevo gravamen será presentado como proposición de ley en el Congreso durante las próximas semanas.
La idea es poner el devengo del nuevo impuesto el 31 de diciembre de 2022. Por lo tanto, el nuevo impuesto sería exigible a partir del 1 de enero de 2023, pero sí afectaría al ejercicio de 2022, detalló Hacienda.
El objetivo es repartir la carga del esfuerzo por la alta inflación y que aquellos sectores que estén obteniendo mayores beneficios por la subida de precios de los productos energéticos aumenten su aportación fiscal.