Las principales organizaciones agrarias del Bierzo han reiterado su rechazo frontal al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, al considerar que supone una grave amenaza para la viabilidad económica, social y ambiental de la agricultura y la ganadería de la comarca. Denuncian que el convenio abre la puerta a la entrada masiva de productos agroalimentarios procedentes de terceros países que no cumplen los mismos estándares de calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad, exigencias medioambientales ni condiciones laborales que se imponen a los productores europeos.
Como ha podido conocer InfoBierzo, Asaja, COAG y UPA anunciarán mañana jueves 15 en Madrid un calendario de movilizaciones en toda España en torno al 29 de enero. "Las protestas serán provinciales, pero se celebrarán de forma simultánea en todo el país. En Castilla y León se ha invitado también a UCCL a participar en igualdad de condiciones" afirma el comunicado.
Según el calendario con el que ya se trabaja, en la provincia de León la protesta se articulará en forma de tractorada. Las reivindicaciones girarán en torno al acuerdo con Mercosur, el presupuesto de la PAC, los precios agrarios, el coste de los abonos, la fauna salvaje y la política hidráulica, entre otros asuntos.

Los agricultores bercianos han confirmado su apoyo a esta previsible próxima tractorada, sumándose así a la movilización nacional contra el acuerdo UE-Mercosur y en defensa del futuro del sector primario.
Desde el sector recuerdan que, en una comarca donde el campo es un pilar esencial para el empleo, la economía rural y el mantenimiento del territorio, este tipo de acuerdos internacionales ahondan en la pérdida de rentabilidad de las explotaciones, aceleran el abandono del medio rural y dificultan el relevo generacional. Mientras los agricultores comunitarios deben asumir normativas cada vez más estrictas -en fitosanitarios, bienestar animal, sostenibilidad o condiciones laborales-, las importaciones llegan bajo criterios mucho más laxos, lo que genera una competencia que consideran desleal y perjudica también al consumidor.
En este contexto, las organizaciones bercianas reclaman a la Unión Europea, al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León una defensa firme del sector primario y que el campo no sea utilizado como moneda de cambio en negociaciones comerciales internacionales.
Apoyo condicionado desde la Junta y las OPAs
En paralelo, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las organizaciones profesionales agrarias alcanzaron esta semana un acuerdo unánime en el Consejo Regional Agrario para respaldar el pacto UE-Mercosur únicamente si se garantiza una reciprocidad “real y efectiva”. Esto implicaría exigir a las importaciones los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales, así como controles exhaustivos y trazabilidad.
La consejera María González Corral reclamó además que la posición española defienda esa reciprocidad, junto a un análisis detallado del impacto del acuerdo por producciones y territorios, con especial atención a los sectores más vulnerables de Castilla y León. También exigió salvaguardas “reales, efectivas e inmediatas” ante incrementos excesivos de importaciones o caídas de precios, y vinculó esta defensa a una PAC post-2027 “sólida y sin recortes”, con un refuerzo del Feaga y el Feader.
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