En conversaciones algunos de las familiares denunciantes de la situación, la Plataforma explicó en un comunicado que ha podido saber que los criterios de aislamiento de la residencia distan mucho de las obligaciones dictadas por Sanidad y de los protocolos marcados por la Consejería de Familia para el correcto funcionamiento de las residencias de mayores de la Comunidad.
La Plataforma consideró que hay una "laxitud" en la aplicación del protocolo para las trabajadoras y trabajadores que a su juicio "rayaría en la ilegalidad", al notificar desde la propia Gerencia que una trabajadora, en contacto con personas positivos por COVID, que acudiese a trabajar antes de haberse despejado si dicha trabajadora había contraído o no el virus.
A la vista de los resultados, según la Plataforma, la gerencia de la residencia puso por delante el interés económico del derecho a la seguridad de los residentes y resto de trabajadores de la misma, resultando la situación en el contagio de varios residentes y un trabajador más de la citada residencia.
Además, indicaron que la implicación del Ayuntamiento de Toreno, como titular de la propia residencia, es la de fiscalizar toda la acción de la empresa concesionaria, así como el hecho de que cuente o no con suficiente personal para asegurar el correcto cuidado a los mayores y la estricta observación de los protocolos de seguridad para evitar contagios.
La Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias de Castilla y León no entiende lo “riguroso” del trato a los ancianos en lo que se refiere al capítulo de las visitas, paseos e interacción con familiares y su entorno más allá de las habitaciones, como señala el protocolo de la Junta en esta residencia por parte de la gerencia de la misma, y que a un mismo tiempo no haya una observancia estricta sobre las medidas para evitar que trabajadores y residentes se contagien de coronavirus en la misma.
Tampoco entienden que no se haya obligado a la residencia a contar con personal suficiente para atender las tres "burbujas" con las que la residencia declara contar en estos momentos, ya que por las conversaciones mantenidas, el hecho de que haya una única auxiliar de enfermería en la misma durante el turno de noche, y dos en el de tarde, desvirtúa totalmente la funcionalidad de dichas “burbujas”, al quedar las tres atendidas por personal circulando, por fuerza mayor, entre todas ellas, a lo largo de la tarde y de la noche.
Así, desde la Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias de Castilla y León exigieron al Ayuntamiento, como titular de la residencia, y a las consejerías de Sanidad y Familia, que tomen cartas en el asunto e investiguen lo ocurrido en la citada residencia y diriman las posibles responsabilidades.
También solicitaron que dichas consejerías, en colaboración con los ayuntamientos y diputaciones, tomen cartas en el asunto para que haya personal suficiente en todas las residencias de Castilla y León durante las 24 horas del día los siete días de la semana.
En marzo, "la situación pudo desbordarnos a todos, ahora, en Septiembre, las situaciones y sus efectos, nos son de sobra conocidos, y todas las acciones en estos centros deberían estar de sobra justificadas y encaminadas a evitar contagios y el deterioro físico y psicológico de los residentes en cualquiera de estos centros", concluyeron desde la Plataforma.
Por su parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró este miércoles que se deberían haber cerrado antes las residencias de mayores para evitar que el virus, que circulaba ya en Castilla y León, accediera a estos centros puesto que afirmó que no son “burbujas” y elementos “aislados” dentro del territorio. “Es fácil decirlo ahora”, dijo una vez superada la primera ola del COVID-19 y en un momento en el que se afronta la segunda.