Los abogados de la exviceconsejera Begoña Hernández, del exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán y del exdirector gerente de esta sociedad pública, Salvador Molina, reclamaron este martes la libre absolución de sus clientes en el ‘caso Perla Negra’ y coincidieron en destacar que se ha vulnerado su derecho a la defensa por no conocer con concreción los hechos imputables.
En sus alegato final, el abogado de Begoña Hernández defendió que la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda fue una operación ajusta a derecho, “ordenada”, “lógica” y “beneficiosa” para la Junta, ya que abarató costes al eliminar el alquiler de las distintas sedes dispersas de ADE y al mejorar las condiciones de trabajo de los empleados.
Por su parte, el abogado de Juan Carlos Sacristán acusó al ministerio fiscal de elaborar una “teoría conspiranoide” en la que no se sabe cuál es el fin último de la trama, a la vez que criticó la presencia de la acusación popular ejercida por el PSOE, asegurando que su único interés ha sido tener acceso a la información de la instrucción para usarla en la comisión de investigación que se abrió en las Cortes de Castilla y León y desgastar al PP. En este sentido, indicó que aprovechando caso como la trama Gürtel o el caso Bárcenas, “aquí se ha investigado a la Consejería de Economía, dirigida por el que también era vicepresidente de la Junta y presidente del Partido Popular de Valladolid, a ver si se descubría alguna financiación irregular del PP”.
La defensa de Begoña Hernández también recordó que en el caso del polígono de Portillo siempre se opuso a la operación por la delicada situación financiera de Gesturcal, a la vez que recalcó que no tuvo ninguna intervención, ya que todas las decisiones se tomaron por unanimidad en el consejo de administración. Además, argumentó que no existe daño patrimonial a la Junta, dado que los terrenos se pueden poner en el mercado en cualquier momento.
Mientras tanto, el abogado de Juan Carlos Sacristán, rechazó que exista un delito de revelación de secretos, cuando la prensa conocía desde 2005 el interés de ADE por reagrupar sus sedes y se pregunto dónde está el beneficio de su patrocinado.
Acusaciones infundadas
En la misma línea se pronunció el abogado de Salvador Molina, que en 1988 fue contratado por Gesturcal como director gerente, que afirmó que en este caso se ha cumplido la máxima de que “la realidad no arruine una acusación infundada. A pesar de no existir indicios, en este caso ha habido una búsqueda incesante de culpables”, afirmó.
También recordó que su cliente nunca fue vocal del consejero de administración de Gesturcal ni informó sobre los contratos de arrendamiento y compra de Arroyo. Además, también indicó que nunca trabajó con el ánimo de beneficiar a Urban y apuntó que él devolvió una factura de una obra que no había sido encargada por Gesturcal, que no fue abonada hasta que no recibió la orden de pago desde la Consejería de Economía.
Este letrado también insistió en que las acusaciones no concretan los hechos punibles imputables y lamentó el calvario que ha tenido que pasar su defendido después de que hace ocho años se le llamara a declarar como imputado en una causa que se ha dilatado sin justificación.
Similares argumentos utilizó el abogado de Francisco Armero, contratado por Gesturcal en 2008 como director financiero, que indicó que su trabajó se limitó a buscar financiación para la compra del edificio de Arroyo. También apuntó que cuando se cerró la operación en 2009 solo el 30 por ciento de las deudas de Gesturcal, que rondaban los 109 millones de euros, correspondían al edificio.
A su vez, también indicó que Armero fue el que desaconsejó a Begoña Hernández continuar adelante con la operación de Portillo y que fue él quien implantó en Gesturcal un sistema de plantillas para que existiera un mayor control sobre pago de facturas.
