Fotos Mario de la TorreLa alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, se ha reunido este martes con los representantes de la plataforma de empresas auxiliares de Compostilla para escuchar sus reivindicaciones. Esto viene motivado por las protestas llevadas a cabo por estos durante el último mes tras lo que califican una "liquidación encubierta", al conocer que la central ubicada en Cubillos dejará de producir a finales de diciembre y ellos aún no tienen una respuesta de Endesa sobre su futuro.
La solución que propone Merayo para ralentizar el cierre de la térmica es recuperar la propuesta de modificación de ley -rechazada en septiembre por el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y Partido Nacionalista Vasco- que impondría limitaciones al cierre de centrales y mantendría una cuota de carbón nacional en el mix energético español. "Hay que recuperar esta propuesta y llevarla a votación por la vía de la urgencia; hay que pensar en todas las personas que pueden quedarse sin trabajo con el cierre de las térmicas, no solo la de Compostilla, y merecen un futuro", ha afirmado Merayo.
"El primer paso es aprobar esta modificación de ley para que el Gobierno pueda impedir el cierre inmediato de Compostilla y así ganaremos tiempo para negociar un Plan Social, porque igual que se ha firmado recientemente un plan para el futuro del carbón debemos firmar uno para las térmicas".
"No se puede pretender desmantelar en un mes”, resumió la alcaldesa, que comparó la inversión necesaria para la viabilidad de la central berciana, 200 millones de euros, con el dinero destiando al rescate de las autovías radiales, que asciende a más de 3.000 millones. “¿Por qué no se puede apostar por un sector estratégico que asegura la viabilidad económica de toda una zona?”, se preguntó Fernández Merayo, que recalcó el papel que puede jugar Ciuden en la búsqueda de maneras más limpias para seguir produciendo energía a base de carbón.
Por su parte, el portavoz de la plataforma, Alonso Roa, explicó que las alternativas que se ofrecen a los trabajadores, la mitad de ellos con edades superiores a los 55 años, son recolocaciones o indemnizaciones de 20 días por año trabajado. “Se nos acaba el tiempo, cuando cese la actividad estamos fuera”, aseguró Roa, que pidió a Enel, la multinacional italiana que ejerce la mayoría en el consejo de administración de Endesa, que “se implique en la zona”. “Si se cierra la central, no queremos ayudas sólo para nosotros, queremos ayudas para la comarca”, sentenció.
El cierre de la térmica afectaría a 180 empleados de auxiliares. "Por eso pedimos ayuda a los políticos, para que impidan el cierre o realicen las inversiones necesarias para que el carbón y las térmicas continúen en el mix energético", ha explicado el representante, Alonso Roa. "Si finalmente Endesa cierra Compostilla por lo menos que ofrezca ayudas a sus empleados; solo pedimos que se nos incluya en los planes de futuro de Enel como puede ser el desmantelamiento de las instalaciones"
Otra opción: cumplir con los parámetros de la UE
Otra posibilidad que ha propuesto la alcaldesa de Ponferrada para impedir el cierre de la central es que el Gobierno invierta los 200 millones que garantizarían la viabilidad de Compostilla, de acuerdo a los parámetros exigidos por la Unión Europea sobre la emisión de CO2. "La producción de energía eléctrica es un sector que merece subvenciones, igual que el sector agrario o el de las energías renovables, y si estos últimos reciben millones del Gobierno no sé por qué no puede recibirlas una central térmica para quemar carbón limpio", ha afirmado Merayo. Además, "ya es hora de mentalizarse de que Endesa nació en Ponferrada y los bercianos han sacrificado mucho durante todos estos años para que la compañía diese luz a toda España", ha añadido.