Los bercianistas se suman a las críticas del alcalde, Marco Morala, y reclaman que se respete el acuerdo municipal de 2024. Advierten del impacto de las restricciones en el comercio y en los vecinos que dependen del coche.
Coalición por El Bierzo ha rechazado este jueves el endurecimiento de la normativa estatal sobre las zonas de bajas emisiones y ha pedido que se mantenga el modelo acordado en Ponferrada en 2024. La formación sostiene que limitar el acceso al centro perjudicaría especialmente a los vecinos de los pueblos y barrios periféricos que necesitan el coche para acudir al médico, hacer trámites o comprar.
La reacción llega un día después de que el alcalde, Marco Morala, cuestionara la urgencia de la reforma a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. El regidor advirtió de sus posibles efectos sobre los vecinos y el comercio y señaló que, una vez publicada la norma en el BOE, cualquier cambio en la ordenanza municipal tendría que seguir su tramitación y pasar por el pleno.
Coalición por El Bierzo cifra en casi cuatro de cada diez los vecinos que viven fuera del núcleo central de un municipio con más de 30 núcleos de población. La formación advierte de que el coste de cambiar de vehículo recaería sobre familias con poco margen económico y teme que las restricciones frenen la recuperación del comercio. Según sus datos, en lo que va de 2026 han abierto más de un centenar de comercios en Ponferrada.
Los bercianistas piden al PSOE que se pronuncie
La formación reivindica el acuerdo que, según recuerda, respaldaron PP, Coalición por El Bierzo y PSOE en 2024. El modelo municipal vincula las restricciones a episodios de contaminación y prevé una aplicación gradual de las sanciones. Los bercianistas piden al PSOE local que aclare si mantiene su respaldo a ese modelo tras la decisión del Gobierno central y defienden que cualquier cambio se aborde después de las elecciones del 29 de noviembre.
¿Qué cambia con la reforma estatal?
El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre una reforma que exige a los municipios obligados a implantar una ZBE que acrediten la aplicación efectiva de las restricciones y de los controles de acceso. También les exige aplicar el régimen sancionador de la normativa de tráfico sin periodos transitorios que demoren su efectividad. El Gobierno justifica el cambio por las deficiencias detectadas en la implantación de estas zonas y por la necesidad de que contribuyan a mejorar la calidad del aire.
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