Iván Alonso, teniente de alcalde de Ponferrada, ha valorado positivamente que la Ronda Sur del municipio haya sido incorporada dentro del acuerdo político firmado entre el Partido Popular (PP) y VOX en Castilla y León. Según Alonso, esta infraestructura estratégica representa un "hito fundamental" para la capital berciana, pues marcará un "antes y un después" en términos de desarrollo urbano y movilidad.
Desde su perspectiva como representante del equipo de Gobierno local, Iván Alonso subrayó que la inclusión de este proyecto en las prioridades autonómicas refleja el "reconocimiento a las demandas históricas planteadas desde El Bierzo". Destacó especialmente que el tramo más complejo, que permitirá circunvalar el Casco Antiguo, requiere una inversión estimada en 56 millones de euros.
"Esta fase crítica es esencial para descongestionar el tráfico urbano y conectar mejor distintas áreas del municipio".
Este proyecto se suma a otras infraestructuras reclamadas tradicionalmente por la comarca berciana, entre ellas la finalización de la autovía A-76 que conecta Ponferrada con Orense. El acuerdo conjunto entre PP y VOX contempla un total de 324 medidas destinadas a impulsar las comunicaciones regionales e incluye actuaciones específicas sobre esta ronda vial desde Plaza Boba hasta Cruz de Miranda.
Además, el pacto aborda con carácter urgente otras obras fundamentales para mejorar las vías terrestres en Castilla y León. Entre ellas figura el paso del Nudo del Manzanal que une El Bierzo con León. En materia ferroviaria, se reivindica asimismo el desarrollo integral del Corredor Atlántico junto con reaperturas estratégicas como las líneas Ruta de la Plata y Madrid-Aranda-Burgos.
En cuanto a infraestructuras energéticas e hidráulicas, el acuerdo apuesta por fortalecer las redes eléctricas mediante inversiones en distribución y autoconsumo industrial; asimismo impulsa incrementar los recursos hídricos regulados en Cuenca del Duero para beneficio agrícola e industrial. También exige acelerar trámites ambientales vinculados a comunidades regantes.
Finalmente, dentro del marco político acordado se expresa rechazo hacia ciertas políticas nacionales relacionadas con vivienda e inmigración; además propone reformas administrativas locales enfocadas a combatir fraudes poblacionales y ocupación ilegal.
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