El portavoz del PP de Cacabelos, Adolfo Canedo, ha denunciado este martes "las mentiras e incompetencia" de la actual alcaldesa, Irene González. Adolfo Canedo hace especial hincapié en las irregularidades en las recaudaciones de las arcas municipales, reiterando que existe una Caja B en el Ayuntamiento. Hecho que llevan denunciando más de un año. El portavoz ha expresado la intención del grupo político de personarse como acusación particular en este proceso judicial, siempre que la alcaldesa facilite detalles concretos acerca de la denuncia que involucra a dos empleados públicos.
El representante popular sostiene que, tras examinar las cuentas liquidadas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, se detectaron múltiples actividades —alrededor de una docena— donde se registran gastos, pero no ingresos oficiales, debido a que la recaudación se habría hecho exclusivamente en efectivo. Entre estas actividades figuran eventos y servicios municipales como la báscula pública, el albergue municipal, el museo Marca, así como celebraciones tradicionales como la Feria del Vino o el magosto popular.
Canedo cuestiona abiertamente cómo es posible que Irene González desconozca el destino final del dinero recaudado por estas iniciativas cuando Cacabelos es el tercer municipio más poblado del Bierzo y décimo en toda la provincia de León. Además, sugiere que la alcaldesa podría haber incurrido en un delito de estafa procesal tras admitir ante un juez no poseer ciertos documentos que previamente aseguró haber entregado al grupo municipal del PP.
Recordemos que desde el PP denunciaban lo que calificaban como una clara incapacidad administrativa por parte del equipo gobernante. Según Canedo, cinco puestos clave permanecen vacantes: interventor, tesorero, técnico de obra y dos policías locales. Esta situación repercute directamente en las obligaciones institucionales y en los servicios ofrecidos a los vecinos.
Tampoco pasa desapercibida para ellos la falta de colaboración con otras administraciones superiores. Denuncian que no se han presentado las cuentas generales durante la última década pese a reiterados requerimientos tanto del Consejo de Cuentas de Castilla y León como del Tribunal de Cuentas. A esto se suma la ausencia todavía sin resolver de la liquidación presupuestaria correspondiente a 2024, lo cual ha provocado retenciones tributarias estatales e impide informar al Ministerio de Hacienda sobre indicadores clave como el plazo medio para pagar proveedores o las remuneraciones del equipo municipal.
La escasez estructural también estaría afectando al pago puntual a proveedores e incluso comprometiendo prestaciones básicas: algunas dependencias públicas han sufrido cortes en calefacción por impagos; asimismo peligran los salarios ordinarios incluyendo nóminas recientes y pagas extras navideñas. Como dato ilustrativo, recuerdan que octubre fue abonada mediante habilitado nacional debido a la baja temporal del interventor.
Respuesta oficial
A raíz de estas críticas públicas, Irene González anunciaba acciones legales contra quienes considere responsables por falta grave respecto al manejo documental vinculado con esta llamada “caja b”. La alcaldesa defendía este mecanismo financiero señalándolo como una herramienta legítima empleada habitualmente por entidades públicas para gestionar tesorería. Sin embargo, alertó sobre irregularidades detectadas tras requerir explicaciones formales sobre movimientos monetarios hechos en efectivo sin respaldo documental entregado por funcionarios implicados.
En cuanto al endeudamiento municipal, recordó una reducción significativa cercana al 64% entre 2020 y 2023 —pasando desde unos 2.5 millones hasta aproximadamente 900 mil euros— sin sacrificar calidad ni aumentar impuestos locales.
Sobre las carencias personales admitió las dificultades para cubrir cargos esenciales (interventor y tesorero) pese a gestiones realizadas con organismos regionales competentes como el Servicio Comarcal y Junta autonómica; lamentó además el rechazo del Consejo Comarcal del Bierzo para prestar apoyo debido a sus prioridades hacia municipios menores a mil habitantes. Frente a ello justificó nombramientos provisionales adoptados para garantizar continuidad administrativa y cumplimiento salarial.
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