El equipo de gobierno de Ponferrada, formado por el PP y Coalición por El Bierzo, ha reiterado este viernes en una rueda de prensa su frontal negativa a adelantar el cobro de las multas de la Zona de Bajas Emisiones a 2026, como solicitó el pasado jueves el PSOE. Ambos socios de gobierno se han posicionado en contra de esta petición del PSOE, que condicionaba su apoyo a la ordenanza de la ZBE de cumplirse este requisito.
El Ayuntamiento de Ponferrada anunciaba el pasado miércoles tener terminado el borrador de la nueva ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones y su correspondiente régimen sancionador, es decir, las multas. Este texto incluye libertad de acceso al centro de la ciudad para todos los vehículos excepto en episodios de contaminación del aire y se asegura de que el régimen sancionador no entre en vigor hasta, por lo menos, diciembre de 2027.
Sin embargo, esta ordenanza debe ser aprobada en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo 14 de mayo, pero de no contar el equipo de gobierno con el respaldo de PSOE y VOX, se verán obligados a devolver tres millones de euros de Fondos Europeos que se usaron en las obras del centro de la ciudad durante el anterior mandato, capitaneado por el ahora líder de la oposición, Olegario Ramón.
El PSOE de Ponferrada exigió el pasado jueves al equipo de gobierno dos cambios en la normativa de la ZBE para contar con su apoyo. En concreto, piden que, cuando se eleven los niveles de contaminación, las restricciones se hagan de forma progresiva y que las multas empiecen a aplicarse a partir de enero de 2026.
"A propuestas absurdas, respuestas simples: no", así de tajante se mostraba el regidor ponferradino, Marco Morala, que aseguraba que no aceptarán las peticiones del PSOE al considerar que perjudican al comercio local del centro así como la libertad de movilidad de los vecinos y visitantes.
"Introducir estas propuestas del PSOE sería desvirtuar un proyecto que es claramente mejor para Ponferrada, los ponferradinos, su comercio y su economía", aseguraba Morala.
Por su parte, Iván Alonso (CB) se preguntaba el porqué de "querer multar a los ponferradinos, cuando la ordenanza cumple con la ley". Y le recordaba a su anterior socio de gobierno que su proyecto no contaba con los parkings disuasorios necesarios para una ZBE. Lidia Coca (PP) recordó que de no aprobarse la ordenanza planteada por su gobierno, se verían obligados a devolver tres millones de euros.
Por ello, aseguran que el otro partido de la oposición, VOX, sí está "valorando y estudiando el borrador" y manteniendo reuniones con los técnicos del Ayuntamiento de cara al pleno del 14 de mayo, donde se votará la ordenanza.
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