La Asociación de Vecinos de Compostilla junto con Bierzo Aire Limpio han vuelto a poner sobre la mesa la problemática que genera la Red de Calor en Ponferrada, cuya ilegalidad ha sido confirmada por tres sentencias judiciales consecutivas desde 2020.
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de León anuló inicialmente en 2020 las licencias otorgadas para este proyecto, decisión que fue ratificada posteriormente en 2021 por el Tribunal Superior de Justicia. En julio de 2025, el mismo juzgado reiteró su posición, subrayando que la construcción vulneró normativas urbanísticas y ambientales al fragmentar el proyecto y omitir los procesos básicos de transparencia y participación ciudadana.
"A pesar de estas resoluciones firmes, tanto el Ayuntamiento de Ponferrada como la empresa pública SOMACYL han seguido adelante con las obras y mantenimiento del sistema, desatendiendo las múltiples solicitudes realizadas por los residentes del barrio Compostilla, quienes sufren constantes molestias derivadas del desarrollo ilegal", denuncian los colectivos.
Los vecinos critican duramente esta situación: "Es inadmisible que un barrio históricamente abandonado siga soportando obras ilegales cuando lo que realmente necesita es integración urbana, espacios verdes y justicia social". Además, recuerdan que existe un compromiso aprobado para ejecutar el Parque de la Juventud como compensación tras años de olvido y deterioro ambiental en la zona.
El pasado 1 de agosto, ambas asociaciones solicitaron formalmente la ejecución provisional de la sentencia para garantizar que se detuviera cuanto antes la actividad ilegal. Sin embargo, recientes declaraciones oficiales muestran una resistencia preocupante frente al mandato judicial. Mientras el concejal responsable pedía a los colectivos "un ejercicio de responsabilidad", el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha adelantado que recurrirán la sentencia.
"Esta postura implica no solo una flagrante desobediencia a una resolución judicial clara —que exige el cese inmediato del funcionamiento de la central— sino también una grave irresponsabilidad institucional que pone en riesgo el bienestar colectivo. El juez ordena además asegurar simultáneamente el suministro alternativo tanto de calefacción como agua caliente sanitaria a los edificios afectados por esta medida", afean.
Bierzo Aire Limpio enfatiza que este conflicto va más allá del ámbito jurídico: "Se trata fundamentalmente del respeto a los principios democráticos y al Estado de Derecho. Las sentencias existen para cumplirse y evidencian sin ambages que desde su origen este proyecto fue irregular".
Para estos colectivos resulta "intolerable" que las autoridades públicas ignoren sus propias normativas urbanísticas vigentes e "incumplan obligaciones legales" mientras demandan responsabilidad a quienes denuncian estos hechos.
Por todo ello, exigen al Ayuntamiento y SOMACYL acatar inmediatamente las sentencias dictadas, proceder con la restauración integral de las áreas afectadas por las canalizaciones ilegales y buscar soluciones alternativas fiables para garantizar calefacción y agua caliente a todos los usuarios afectados conforme establece claramente el auto judicial.
"El juez fue contundente: deben cumplir con su obligación legal buscando alternativas viables; desafiar a la justicia no es opción válida. La responsabilidad recae exclusivamente sobre las administraciones públicas involucradas, no sobre los vecinos ni asociaciones".
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