Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ponferrada están trabajando, estudiando y analizando el contenido de la resolución que ordena la paralización de la actividad de la central de biomasa de Ponferrada, la red de calor, por petición de las asociaciones Bierzo Aire Limpio y de vecinos del barrio de Compostilla tras la anulación de las licencias de esa central en una sentencia judicial anterior.
Así lo ha adelantado el alcalde de la capital berciana, Marco Morala, quien ha asegurado que recurrirán el fallo. Además, ha defendido la red de calor y sus aplicaciones.
"La red de calor es buena en todos los sentidos. Para Ponferrada, para el medioambiente, para la economía. Eliminar 200 calderas de gasoil y de gas, yo creo que para el medioambiente no es que le venga bien, es que le viene muy bien; y el ahorro energético también."
Por ello explicaba que la cuestión del fallo está en la forma y no el contenido y que se trata de una cuestión "pura y estrictamente procedimental". Por el momento la central sigue funcionando, si bien el regidor no se ha atrevido a asegurar que la situación se mantenga así en los próximos días o semanas.
"Ellos -las asociaciones- han pedido una ejecución provisional, que ha sido admitida parcialmente en el juzgado. Nosotros la vamos a recurrir en alzada. Y tanto esa resolución judicial de la ejecución provisional y el procedimiento principal, que igualmente está recurrido, y van a acabar los dos en el TSJ."
Pero es que además, el alcalde, que es también jurista, confía en que el Tribunal Superior de Justicia revoque ambas resoluciones. "Ya no como alcalde ni como político, yo tengo veintipico años de jurista detrás, y creo que hay un fuerte argumentario jurídico para que sean revocadas las dos resoluciones".
Finalmente, ha lamentado esta situación y el perjuicio que podría ocasionar a muchos edificios de la ciudad, entre ellos, es el pabellón Lydia Valentín, la biblioteca municipal, el colegio Luis del Olmo, el centro de salud de Picotuerto, la estación de autobuses... "La verdad es que es una faena si tienen que parar la red de calor porque hay muchos edificios que están conectados a la red de calor, no sólo públicos, no sólo municipales". Y ha recordado que algunos de estos edificios destruyeron sus antiguas calderas o las tienen paradas desde hace más de un año, lo que complicaría enormemente su puesta en funcionamiento.
Por su parte, la portavoz de Bierzo Aire Limpio, Marga Camba, asegura que el Ayuntamiento ha tenido varias ocasiones para subsanar los errores cometidos en la construcción de esta central que no cuenta con la tramitación legal adecuada "y nunca se le ha visto la intención de hacerlo", por ello vuelve a exigir dimisiones, que se deriven responsabilidades y una auditoría del dinero público gastado en la Central ubicada a lado del Barrio de Compostilla.
En cuanto a los perjuicios a los posibles terceros como los inmuebles públicos y privados que han contratado sus servicios, la portavoz asegura que “no se tiene ninguna intención de perjudicarles, debiendo tener otros sistemas de calefacción alternativos y, en todo caso, tiene que ser el Ayuntamiento el que corra con los gastos que genere la decisión judicial sobre este asunto”.
Asimismo, la asociación de Vecinos de Compostilla denuncia “llevar más de siete años denunciando que esta incineradora de biomasa era ilegal y el Ayuntamiento ha optado por una huida hacia delante inadmisible. Se ha levantado media ciudad de Ponferrada, entregando miles de metros de subsuelo a una empresa sin seguir el procedimiento legal y a día de hoy esta central se queda sin permisos y lo más relevante es que la única licencia ambiental, ya anulada, ni siquiera incluía la red de tuberías que recorre toda la ciudad.”
Sentencia de julio
Recordemos que en julio de este año, este mismo juzgado anulaba por segunda vez todos los permisos concedidos a la Central de Biomasa de Ponferrada con una sentencia que vuelve a dejar la Red de calor ubicada en Compostilla en la total ilegalidad.
Esta sentencia, al igual que la primera dictada en 2020, vuelve a dar la razón a la Asociación de Vecinos de Compostilla y a Bierzo Aire Limpio. En la sentencia el Juzgado anula la licencia de obras, la licencia ambiental y la autorización excepcional de la planta por varios motivos. En primer lugar, la sentencia aprecia que el Ayuntamiento de Ponferrada ha incurrido en un “fraccionamiento del proyecto” dado que optó por conceder las licencias impugnadas limitando su objeto exclusivamente a la edificación de la central y excluyendo a la red de calor que distribuye el mismo por toda la ciudad.
La sentencia concluye que “la Administración era plenamente consciente de la magnitud real del proyecto, pero decidió limitar el alcance de las licencias de forma artificial”. Este hecho supuso perdonarle a Somacyl decenas de miles de euros del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que se liquidó sobre el presupuesto del edificio (unos 797.000 euros), mientras que el coste total de la obra era más de 2,1 millones de euros
La sentencia concluye que ha habido una información pública deficiente, esto es, una ocultación y falta de transparencia, escondiendo ante la sociedad ponferradina el conocimiento completo del proyecto, lo que ha impedido una participación informada y efectiva, vaciando de contenido la finalidad del trámite.
Así, se omitió el trámite de audiencia a los interesados. A Bierzo Aire Limpio se le notificó el plazo de información pública cuando la documentación prácticamente ya había sido retirada de la web municipal. Finalmente, la sentencia aprecia ilegalidades urbanísticas dado que concluye que se ha tratado de consolidar por la vía de los hechos una actuación cuya cobertura urbanística integral es inexistente, pues el proyecto “implica una ocupación intensiva del dominio público local (el subsuelo de numerosas calles) para un uso privativo”. Dicha ocupación de las tuberías requería un título habilitante específico, que “no podía ser sustituido por una licencia de obras”.
Reacción de la Junta y el Ayuntamiento de Ponferrada
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, adelantó poco después de conocerse la sentencia que la recurrirán en apelación. Suárez-Quiñones defendió no sólo las redes de calor como proyectos que abaratan el coste de la energía, sino que además ha asegurado que "el fondo del asunto está inmaculado" y que lo que el fallo pone en cuestión es "la forma de tramitación".
Por su parte, el Ayuntamiento de Ponferrada continuó con las obras para extender la red de calor en la ciudad, después de conocer la sentencia, y las terminó. La concejala de Fomento de la capital del Bierzo, Lidia Coca, dijo que había que ser “responsables” y acabar con la intervención ya iniciada en el barrio de La Rosaleda.
Mientras, los jurídicos del Ayuntamiento de Ponferrada siguen estudiando la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León para decidir la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Reacción del PSOE de Ponferrada
"Creo que es defendible un recurso contra la sentencia, pero si el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la avala, sería de muy difícil ejecución". El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, daba también cuenta sobre el fallo del Contencioso-Administrativo.
"Una sentencia reciente, que no se puede decir menos que es muy contundente, nos obliga, dado que los acuerdos que anula fueron tomados durante nuestra etapa como equipo de gobierno, a comparecer y dar las explicaciones que entendemos proceden. El concejal Carlos Cortina derivó toda la responsabilidad a nuestro equipo de gobierno, que no nos escondemos, tenemos la que tenemos, por supuesto; pero como derivaba toda la responsabilidad a nuestro equipo de gobierno, hay que decir que el Partido Popular de Marco Morala es el que da la primera ocupación y el inicio de actividad. Esto no es menor", afeó Ramón.
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