El Procurador del Común de Castilla y León ha instado al Ayuntamiento de Ponferrada a valorar la posibilidad de incrementar tanto la frecuencia como las rutas de las líneas que conforman el transporte urbano colectivo en la ciudad. Esta recomendación surge tras analizar diversas quejas presentadas por los usuarios, quienes han manifestado deficiencias significativas en el servicio.
Según consta en el expediente número 441/2025, los afectados denuncian que desde enero de 2025 se produjo una reducción aproximada del 25 % en el servicio ofrecido por las ocho líneas urbanas, acompañada por un desajuste relevante en los horarios. Este cambio ha provocado un perjuicio considerable para muchos ciudadanos que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios.
Ante esta situación, se formó una plataforma ciudadana y se recogieron numerosas firmas dirigidas al Ayuntamiento, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta satisfactoria. En su informe, el Concejal Delegado de Movilidad y Transporte explicó que en enero pasado se implementó un nuevo servicio con modificaciones horarias encaminadas a mejorar la puntualidad y fiabilidad. Estos ajustes respondieron a cambios normativos sobre límites de velocidad urbana, pasando de 50 km/h a 30 km/h, lo cual afectó directamente los tiempos necesarios para completar las rutas.
A pesar de ello, desde el Consistorio indican que la reducción efectiva del servicio fue menor al porcentaje denunciado inicialmente y que han atendido las solicitudes mediante diferentes canales: respuestas escritas, reuniones con usuarios y adaptaciones puntuales en los horarios.
Desde un punto legal, se recuerda que conforme a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (artículos 25.2.g) y 26.1.d)), corresponde al municipio gestionar obligatoriamente este tipo de servicios públicos cuando supera los 50.000 habitantes como es el caso ponferradino.
Por tanto, esta institución considera imprescindible que sea el propio Ayuntamiento quien evalúe si debe ampliar o modificar las frecuencias y recorridos actuales tomando en cuenta variables como demanda real, uso efectivo y factores económicos asociados.
La resolución final subraya la necesidad urgente de responder adecuadamente a las demandas ciudadanas para asegurar un transporte urbano regular bajo principios fundamentales como continuidad e igualdad entre usuarios. Además, solicita notificación motivada sobre si aceptan o no esta recomendación dentro del plazo legal establecido.
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