La Denominación de Origen Bierzo deberá someter a su órgano plenario la decisión de aceptar o no el acuerdo parcial alcanzado en la causa por la falsificación de vinos del Bierzo, una trama que habría comercializado miles de botellas adulteradas con etiquetas fraudulentas y sustancias prohibidas. La posición de la entidad resulta clave después de que la Fiscalía y la mayor parte de los acusados hayan cerrado una conformidad que evita, por el momento, el juicio previsto para febrero.
El caso, conocido como Operación Baco 2019, investiga la venta fraudulenta de hasta dos millones de botellas de vino mediante el uso indebido de denominaciones protegidas. Entre los perjudicados figuran la D.O. Bierzo, la D.O. La Mancha y la IGP Tierra de Sabor, que se repartirán, junto con fondos ya incautados, cerca de un millón de euros.
Según el acuerdo, la parte económica queda condicionada a que los acusados completen antes del 18 de febrero de 2027 el pago de 524.000 euros, ya sea en efectivo o mediante aval. Esa cantidad corresponde a la indemnización pendiente para cerrar la responsabilidad civil derivada de la estafa. Hasta ahora, ya se han entregado 200.000 euros y otros 324.000 euros fueron incautados durante los registros.
La representación legal de la D.O. Bierzo se ha mostrado conforme con el pacto, aunque la entidad debe ratificarlo en pleno. Sobre la mesa está la posibilidad de garantizar un cobro efectivo o, por el contrario, forzar un juicio en febrero que no aseguraría recuperar los cuatro millones de euros que se reclamaban al principio. Esa cifra se ha rebajado al revisarse el valor real de las botellas, calculado finalmente en un 40 % menos de lo previsto inicialmente.
En el plano penal, la conformidad alcanzada evita que el Ministerio Fiscal mantenga las penas iniciales, que llegaban a los 21 años de cárcel para los principales acusados. Con el pacto, ninguno de ellos entraría en prisión, aunque quedarán con antecedentes penales durante cinco años y deberán no delinquir durante ese periodo para que se mantenga la suspensión de la privación de libertad.
La investigación, coordinada por la Guardia Civil, apuntó a una organización criminal integrada por un matrimonio gallego, su hijo y otras siete personas, además de varias empresas vinculadas a la distribución. La red habría comercializado más de 280.000 etiquetas falsas de la D.O. Bierzo en vinos adulterados con natamicina, un antibiótico prohibido en este uso, lo que también dio lugar a un delito contra la salud pública.
El entramado utilizaba una sociedad intermediaria en Cabañas Raras para comprar vinos de distintas regiones españolas y venderlos después bajo denominaciones protegidas sin cumplir los requisitos de procedencia, autenticidad y trazabilidad. También contaba con una imprenta en Orense para fabricar las etiquetas y contraetiquetas fraudulentas, además de otras empresas relacionadas con el embotellado y la distribución ilícita.
La acusación del Ministerio Público se apoyaba en cinco delitos: pertenencia a organización criminal, estafa agravada, falsificación continuada certificativa, delito contra la salud pública e infracción contra la propiedad industrial. Las indemnizaciones inicialmente reclamadas incluían 284.000 euros para la D.O. Bierzo, 180.000 euros para la D.O. La Mancha y más de un millón de euros para el Itacyl, en relación con la IGP Vinos Tierra de Castilla y León.
De los acusados, solo un enólogo que operaba en Cabañas Raras se desmarca del acuerdo y afrontará juicio, mientras que otro implicado discutirá la parte correspondiente a su indemnización. El resto ha mostrado conformidad con la acusación penal dentro de un proceso que se ha prolongado durante siete años desde que salió a la luz la trama.
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