La operación Baco 2019, que investigó la venta fraudulenta de hasta dos millones de botellas de vino bajo el uso ilícito de las denominaciones de origen Bierzo y La Mancha, además de la Indicación Geográfica Protegida Vino de la Tierra de Castilla y León, ha quedado resuelta con un acuerdo de conformidad.
El pacto, alcanzado siete años después de que el caso saliera a la luz en 2018 a raíz de una denuncia de la D.O. Bierzo por anomalías en las contraetiquetas, evita el ingreso en prisión de los principales implicados: una familia gallega y su hijo, señalados como cabecillas de la trama. Según la información adelantada por Radio Bierzo, el acuerdo ha permitido rebajar de forma notable tanto las penas como la responsabilidad civil planteadas inicialmente por el Ministerio Fiscal.
La Fiscalía llegó a pedir hasta 21 años de cárcel para los tres acusados principales y una indemnización de cuatro millones de euros. Sin embargo, la conformidad alcanzada implica que aceptan una pena bonificada con suspensión de la privación de libertad, de modo que no entrarán en prisión, aunque sí quedarán con antecedentes penales durante los próximos cinco años.
En el capítulo económico, la indemnización total se ha reducido a algo más de un millón de euros. El acuerdo fija que el precio de las botellas fraudulentas era de 0,6 euros y no de 1 euro, como se había calculado en un primer momento. De esa cantidad, ya se han entregado 200.000 euros y durante los registros se intervinieron otros 324.000 euros. La familia considerada cabecilla de la trama asumirá el pago de los 524.000 euros restantes el 18 de febrero de 2027, tal y como publica Radio Bierzo.
La investigación, coordinada por la Guardia Civil, desarticuló una organización dedicada a falsificar productos vinícolas y a introducirlos en el mercado con etiquetas y contraetiquetas adulteradas. La estructura utilizaba una sociedad intermediaria en Cabañas Raras para comprar vinos de distintas regiones españolas y comercializarlos bajo denominaciones protegidas, incumpliendo los requisitos de procedencia, autenticidad y trazabilidad.
Además, a varios enólogos se les atribuye haber añadido sustancias prohibidas, entre ellas la Natamicina, un antibiótico vetado para este uso, lo que derivó también en un delito contra la salud pública. La red contaba, según la investigación, con una imprenta en Orense encargada de producir de forma fraudulenta las etiquetas, así como con otras empresas relacionadas con el embotellado y la distribución ilícita.
La acusación del Ministerio Público se apoyaba en cinco delitos: pertenencia a organización criminal, estafa agravada, falsificación continuada certificativa, delito contra la salud pública e infracción contra la propiedad industrial. Entre las indemnizaciones reclamadas al inicio figuraban 284.000 euros para la D.O. Bierzo, 180.000 euros para la D.O. La Mancha y más de un millón de euros para el Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl), en relación con la IGP Vinos Tierra de Castilla y León.
La operación dejó cuatro detenciones directas y once registros en León, Orense, Lugo y Pontevedra, donde se incautaron miles de contraetiquetas falsas, dinero en efectivo y el volumen de vino comprometido. Todos los acusados, salvo un enólogo y otro implicado, que afrontarán juicios por separado para determinar posibles rebajas en sus indemnizaciones, han mostrado su conformidad con la acusación penal.
✅ Entérate de las últimas noticias y avisos importantes haciéndote seguidor de nuestro canal en WhatsApp. Entra en este enlace y activa las notificaciones 🔔