Es definitivo, no cabe recurso: minero Victorino Alonso, todopoderoso empresario que fuera presidente de compañías como MSP, a pesar de ser declarado culpable de destrozar un yacimiento neolítico en Aragón, la Cueva de Chaves, ni pisará la prisión ni pagará los 25,5 millones de euros a los que fue sentenciado a finales del pasado año.
A pesar de pedir lo contrario no sólo la Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), impulsor de la denuncia inicial, sino también la Fiscalía, la Audiencia Provincial de Huesca acaba de rechazar sus recursos.
De este modo, ya no hay capacidad de recurso y la pena final para Alonso se queda en sólo dos años de cárcel, de la que se librará porque en su día la misma Audiencia rebajó seis meses lo justo la sentencia inicial del Juzgado de lo Penal 1 de Huesca, que era de dos año y medio, cifra que sí le forzaba a acabar entre rejas.
La otra posibilidad de prisión para Alonso era sus antecedentes penales, pero el nuevo auto del Tribunal provincial, que este viernes destaca El Heraldo de Aragón, le considera "un delincuente primario", lo cual significa que no tenía antecedentes penales en el momento de la condena.
Es más, la Audiencia zanja que las defraudaciones tributarias por las que fue condenado Alonso no tienen que ver con los daños en bienes de valor histórico que ahora se le imputaban, además de que ocurrieron muchos años atrás, en concreto en diciembre de 1993, enero de 1994, diciembre de 1994 y enero y diciembre de 1996, y por lo tanto "cometidos 21 años antes".
La acusación también argumentaba que Alonso está siendo investigado aún por dos delitos contra el medio ambiente en León, como por ejemplo este de la explotación minera a cielo abierto absolutamente ilegal del Feixolín durante años, o un caso casi idéntico de Nueva Julia, que en algún caso llevan tramitándose 17 años en una dilación histórica. Pero la Audiencia aragonesa considera que esa es una "cuestión nueva" y el empresario se beneficia de la presunción de inocencia mientras no haya una sentencia firme.
El empresario leonés fue juzgado en noviembre de 2016 por dar la orden de entrar con una excavadora en el yacimiento, situado en la finca de 1.800 hectáreas, al objeto de nivelar el suelo y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, dado que se utilizaba la zona para la caza. Por aquellos hechos fue condenado también a pagar una indemnización de 25,5 millones de euros al Gobierno de Aragón, aunque los abogados del empresario consiguieron llevar el caso hasta el Constitucional. Y aunque éste ratificó la sentencia, también en la dura cuantía económica, el juzgado le consideró insolvente, "sin perjuicio de lo cual está realizando pagos parciales, de forma mensual, al tener embargada parte de su pensión".
Con cargo a esa pensión, Alonso ha afrontado al pago de la responsabilidad civil "en la medida de las posibilidades de los deudores y se ha abonado una parte relevante de la misma". En concreto, durante tres años se le descontarán 17.538 euros por este concepto, algo muy distante de los 25.490.805 euros que recogía la sentencia, en concreto 0,06% de la cuantía total.